Tres funcionarios y una concejala tienen derecho a los abonos
10 abr 2017 . Actualizado a las 04:00 h.El caso de supuesta corrupción política en la adjudicación de obras públicas, bautizado como operación Orquesta, que luego acabó dividido en piezas por cada ayuntamiento investigado le va a costar al Concello de Cee 34.132 euros en abogados y procuradores. Son los gastos que reclaman los funcionarios Concepción Outes (7.000), Gonzalo Castelo (7.000) y Rocío Hermida (13.630), así como la concejala del grupo de gobierno Pilar Iglesias (6.500) que por aquel entonces era jefa de gabinete de la alcaldía.
Todos ellos han quedado eximidos de responsabilidad a lo largo del proceso, no así el alcalde, Ramón Vigo, que tendrá que someterse a juicio; y, por tanto, tienen derecho a exigirle a la Administración estos gastos derivados de su defensa. Así lo certifican los informes de la interventora municipal, Rosa María Fernández, y de la secretaria de Vimianzo, María Cristina Varela, quien detalla que el Concello deberá «abonar íntegramente os gastos de defensa xurídica soportados polos funcionarios e autoridades públicas reclamantes».
El asunto ya fue llevado a comisión este pasado jueves en el que salió adelante con los votos favorables del regidor, la propia Pilar Iglesias y el edil no adscrito Modesto Rivas, mientras que el resto de concejales: Zaira Rodríguez y Mabel Fernández (PP), Margarita Lamela (PSOE), Serxio Domínguez (BNG) y Plácido García (Ciudadanos) se abstuvieron.
Lamela pidió que el tema quedase sobre la mesa ya que reclamaba una mayor aclaración de los conceptos de las facturas y otros representantes de la oposición la respaldaban. Sin embargo la propuesta fue aprobada como estaba y es más que previsible que reciba el visto bueno del pleno, probablemente también con la abstención de algunos opositores.
Dado que la resolución judicial que desvincula a los implicados del caso es del 9 de diciembre del año pasado, el desembolso debería imputarse al presupuesto del ejercicio anterior. Por tanto, como detalla la interventora, será necesario un reconocimiento extrajudicial de crédito, procedimiento que últimamente está dando lugar a mucha controversia política en Cee. Para poder pagarles también será necesario levantar el reparo de intervención porque, como es lógico, no había una partida suficiente en el presupuesto habilitada para este fin.
No es la primera vez que el pago de minutas a representantes públicos entra en el debate político. De hecho, el exalcalde de Corcubión, Francisco Javier Lema, tuvo que lidiar con cierta polémica cuando en el año 2014 le cargó al Concello 2.178 euros del abogado que lo defendió de la querella presentada contra él por el arquitecto municipal. Incluso el actual regidor, Manuel Insua, tuvo que declarar en calidad de imputado por autorizar el pago, aunque finalmente todo quedó en nada.
En el Concello de Fisterra, según confirmó ayer su alcalde, José Marcote, por el momento no se ha presentado reclamación alguna al respecto. Podrían hacerlo el exregidor, José Manuel Traba, el edil Santiago Insua y el exconcejal Ramón Redonda, además del secretario municipal, José Ramón Lema, y el arquitecto Manuel Carro, ya que, la igual que en Cee, todos ellos quedaron exonerados de sus imputaciones penales.