La Guardia Civil investiga al jefe de una empresa transportista que usaba la tarjeta digital de un empleado, y también a este por consentirlo

La Voz CARBALLO / LA VOZ

CORCUBIÓN

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico
Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico PEPA LOSADA

Los dos conductores profesionales de camión podrían haber cometido un delito de falsedad documental

16 jun 2025 . Actualizado a las 09:28 h.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de la Guardia Civil de Galicia, ha investigado a dos conductores profesionales como presuntos autores de un delito de falsedad documental. La investigación se inició el 1 de mayo, al detectar los agentes del Destacamento de Tráfico de Corcubión, que realizaban un servicio de inspección de transportes, a un conductor que hacía uso de la tarjeta digital de conductor de otra persona que no se encontraba en ese momento en la cabina del camión y que durante la investigación se constató que era asalariado del primero.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del GIAT, quienes investigaron a ambos conductores: al jefe, como presunto autor de un delito de falsedad documental, y al asalariado, como colaborador necesario, dado que el jefe hacia uso de la tarjeta digital del conductor empleado, pero con su conocimiento. Así, al ceder la tarjeta digital y permitir que otro conductor la use, se falsearon los registros del tacógrafo digital y se justificaba en esta tarjeta de conductor la actividad del otro.

Desde la Guardia Civil se recuerda que, la tarjeta digital de conductor es un documento electrónico de carácter personal y solo puede ser usada por su titular. Las inspecciones que realiza Tráfico de la Guardia Civil tienen por objeto mejorar las condiciones laborales de los conductores profesionales, velar por la competencia desleal entre empresas e incrementar la seguridad vial en nuestras carreteras. Además, del procedimiento penal iniciado contra los implicados, las empresas transportistas afrontarán sanciones administrativas cuyas cuantías oscilan entre los 2.001 y los 4.001 euros, por estas graves infracciones que comprometen la seguridad vial.