Un informe de la Fundación Alternativas singularizaba siete plagas de la política científica española, entre ellas la ausencia de instituciones, indiferencia de los poderes económicos, inestabilidad presupuestaria, burocracia y carencia de estrategias.
Actualmente se tramita una nueva reforma de la ley de ciencia del 2011, que pretende resolver algunos problemas que la ley de la ministra Garmendia, del Gobierno Zapatero, no supo resolver.
El actual Gobierno define como objetivo de su reforma eliminar la precariedad laboral de los investigadores, incorporar a doce mil nuevos científicos en tres años y recuperar a los expatriados por vocación o necesidad. Añadiendo el derecho a indemnización por despido, la continuidad automática del contrato siempre que el grupo u organismo tenga financiación externa para ello, así como la obvia mejoría en los contratos posdoctorales en número de años y condiciones. Todo ello necesario en lo público.
El anteproyecto enfatiza también el blindaje del incremento de la inversión pública desde el actual 0,58 % del PIB hasta el 1,25 % en el 2030 recomendado por la Unión Europea en investigación. Siguiendo el modelo de la UE, donde a más inversión en I+D, más innovación y crecimiento económico, actualmente cuestionado por analistas como Mazzucato, Rodríguez-Posse o Hervás-Oliver porque no segrega el gasto en I+D entre industrias, empresas dentro de una industria y regiones. Al parecer con perjuicio de las pymes. Lo que obviamente cuestiona el objetivo blindado en la ley.
Sin embargo, es la constatada mala calidad institucional de nuestros organismos de investigación y universidades uno de los males de la I+D que no se aborda en este proyecto de ley. Lo que añade preocupación. En primer lugar, porque en estos años se han introducido nuevas fórmulas de gestión en centros públicos de investigación con el objetivo de dotarlos de mayor autonomía, flexibilidad y eficiencia en la toma de decisiones y en la ejecución de la actividad científica. Pionero en la Administración del Estado es el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), creado por la ley de sanidad de 1986, promovida por Ernest Lluch, que en su desarrollo realizó una gran transformación organizativa y de gestión, en la que destacan la creación de fundaciones como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Centro Nacional de Investigaciones en Enfermedades Neurodegenerativas (FCIEN); y de consorcios como el de investigación biomédica en red (CIBER). Algo bien conocido de la actual Secretaría General de Investigación, pero espléndidamente expuesto en el libro del 2019 del doctor Rafael Nájera sobre el ISCIII.
Una carencia en los sistemas de gestión siempre aplazada, también en esta nueva reforma de la ley, que llama la atención, dada la existencia de organizaciones como Icrea, Ikerbasque y algunas instalaciones científicas singulares (ICTS), o el citado ISCIII, que se han empeñado en una mejora de su calidad y eficiencia institucional.