Los compradores, excepto tres, no confirmaron ante el juez que hubiesen pagado un sobreprecio por los pisos, tal y como aseguraba la Agencia Tributaria. Ante esa situación, el juez instructor retiró la imputación contra cinco consejeros de la empresa constructora, pero la mantuvo contra Ángel Jove. Sin embargo, el fiscal jefe y la propia Abogacía del Estado, encargada de defender a la Agencia Tributaria, instaron el sobreseimiento para todos. Aunque el juez instructor se resistió, no tuvo más remedio que ceder ante el informe del fiscal. Ramón García Malvar considera que en la denuncia que motivó la actuación inspectora de la Agencia Tributaria, realizada por un inspector de la misma que, además, era comprador de uno de los pisos, no existe dato alguno que garantice su autenticidad. En su informe, el fiscal critica la labor investigadora del juez y cuestiona la insistencia de la Agencia Tributaria en mantener su tesis sobre el fraude, cuando todas las líneas de investigación abiertas fracasaron una tras otra. El fiscal recalca que las cantidades pagadas como sobreprecio por tres compradores, los únicos que lo reconocieron, no son suficientes para configurar la existencia de delito fiscal, aunque pudiese ser una infracción administrativa.