Si para la oposición el municipio vive un «annus horribilis», para el gobierno local es el precio que hay que pagar por la vuelta a la democratización y la legalidad
05 oct 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La oposición lo ve todo muy negro y el gobierno local todo muy blanco. Así están las cosas en un municipio al que parece que le miró un tuerto. Miren si no: 14 de los 21 policías locales están de baja, se hallaron archivos ilegales de ciudadanos en sus dependencias, luego fueron robados; esta semana el concejal de Réxime Interno presentó la dimisión tras dar positivo en un control de alcoholemia, lo que supone la cuarta renuncia de un edil del gobierno desde que comenzó el mandato en mayo del año pasado. A eso, se suman encontronazos políticos con asuntos como la recuperación del edificio del Náutico, la normativa sobre edificabilidad, el puerto deportivo o las terrazas, entre otras cosas.
Si para los concejales del gobierno lo que está ocurriendo en Sada no es más que una vuelta a la democratización y a la legalización tras años caóticos, para los tres grupos que forman la oposición -ASU, PDSP y PP- las cosas no pueden ir peor debido, según denuncian, a luchas internas en el seno del BNG y a la falta de liderazgo del alcalde, López Soto, que se defiende esgrimiendo que comportamientos como el de Francisco Montouto, que presentó su dimisión tras dar positivo en un control de alcoholemia y usar un coche de policía para que lo trasladase a casa, «son os únicos que poden contribuír a variar inercias do pasado derivadas dun modelo de xestión radicalmente oposto». El regidor va más allá, y recuerda que «a realidade de Sada sería hoxe ben distinta si o anterior goberno tivese asumido do mesmo xeito os seus erros e as súas responsabilidades políticas».
Gobierno en minoría
Y, todo esto ocurre, con un gobierno en minoría, pues la oposición suma más concejales que el bipartito, formado por el BNG y el PSOE. La llave la tiene el edil de ASU, David Brandariz, que tras rechazar la oferta del PSDP de ser alcalde -lo hubiese sido con el respaldo de cerca de 600 vecinos-, apoyó la elección de López Soto. ¿Cambiará de parecer? Todo apunta a que no.
En estos momentos, la urgencia -y en esto todos coinciden- pasa por resolver los graves problemas que se viven en el seno de la Policía Local. Al conflicto laboral -los agentes piden más sueldo y su reclasificación- se unió el hallazgo de archivos ilegales. La ya extinguida Unidad de Seguridad Ciudadana de Sada tenía en su haber un total de 900 fichas de un tamaño aproximado de una cuartilla, con espacios reservados para los datos personales, las detenciones anteriores del afectado, e incluso la matrícula del coche de la persona que era objeto de seguimiento. Peor aún fue el robo de parte de esos archivos el pasado 9 de septiembre. Esas hojas, que contenían fotografías y datos personales de menores, formaban parte de los fondos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Sada, un cuerpo creado en 1992 bajo el mandato de Ramón Rodríguez ?Ares, para «especializar» a los agentes del turno de noche a la hora de actuar ante los problemas de la movida adolescente sadense.
El alcalde actual, Abel López Soto, disolvió recientemente la unidad para «acabar con un corpo paralelo e sen control». La unidad ha mantenido un enfrentamiento con el actual gobierno desde hace meses con motivo de la reclasificación de la Policía Local, lo que numerosos vecinos aprecian como una pugna política.
Todos estos problemas vienen motivados, según el gobierno local, por su obligación y empeño de que vuelva «la legalidad y la honradez» al Concello.