El próximo cierre del depósito franco del puerto coruñés ha generado una total indignación entre los usuarios de estas instalaciones, que se niegan a acatar la orden de retirar sus mercancías del almacén.
Tras la decisión de cierre del depósito, adoptada de forma definitiva en julio de este año, la Autoridad Portuaria ha fijado el día 31 de este mes como fecha límite para que la nave principal del recinto quede vacía.
A los empresarios que utilizan el depósito, la medida les parece completamente arbitraria, tanto el cierre en sí del servicio como la premura con que se ha producido la orden de desalojo.
Pablo Cruz, responsable de la distribución de lubricantes BP y Castrol a los buques coruñeses, explica que en el depósito franco almacenan sus mercancías empresas como Shell, Ertoil, Provimar o Cepsa, entre otras, que cuentan así con las ventajas fiscales de estos recintos y con la comodidad de estar en el puerto, lo que facilita un servicio rápido y cómodo a los barcos.
El depósito, situado en el muelle de San Diego, cuenta con cuatro trabajadores y una superficie de 4.000 metros cuadrados, y es utilizado principalmente por distribuidoras de lubricante, redes para los buques pesqueros y otros pertrechos. Cruz subraya que, si se consuma su clausura, se producirán pérdidas muy importantes tanto para los intermediarios como para los armadores de pesca y para el puerto en general. «Si ahora tenemos que irnos a una nave a otro sitio, se encarecerá el producto, con lo que tendremos que subirles los precios a los armadores -dice-. Al final, los barcos acabarán yéndose a otros puertos».
«Otro palo»
Otro empresario, distribuidor de Shell, apunta: «Esto va a ser otro palo más para A Coruña. Desaparece un servicio que es histórico, sin que nos den una alternativa, con el único objetivo de especular con los terrenos del puerto».
Se refieren con esta acusación a la sospecha de que el cierre del depósito está motivada por el interés del Puerto y del Ayuntamiento en adelantar la urbanización de los muelles de Batería y Calvo Sotelo. «Quieren utilizar estas naves para meter las mercancías que están allí, cuando hay otros sitios vacíos en el puerto, sin darse cuenta del daño que van a causar», dicen los afectados.
En principio, algunos usuarios no piensan cumplir la orden de retirar sus mercancías, «porque no puedo sacar 400 bidones de aceite y llevármelos para casa», indica Pablo Cruz. Están dispuestos a movilizarse, pero de momento intentarán encontrar una solución por la vía del diálogo. Han solicitado entrevistas urgentes con el presidente de la Autoridad Portuaria y con los responsables del Ayuntamiento, la Cámara y la Diputación.