Los vecinos dudan de la legalidad de los sótanos de otras torres en Someso
A CORUÑA
Piden al Ayuntamiento que compruebe si los proyectos se ajustan a la licencia y cumplen la normativa.
05 ago 2010 . Actualizado a las 11:53 h.La sentencia del juzgado Contencioso Administrativo número 1 que anula la licencia de construcción de Torre Urbis en Someso ha despertado el recelo de los vecinos de esta zona. Algunos propietarios han mostrado sus dudas sobre la legalidad de los sótanos realizados en un edificio anexo a Torre Urbis así como en el que en estos momentos está en construcción ya que, en ambos casos, también se excavaron tres sótanos para garajes y trasteros, con lo que difícilmente se cumpliría, según comentan, la reserva mínima de plazas privadas de garaje previstas en el PGOM y en la legislación gallega.
En concreto, los vecinos explican que la torre promovida por la empresa Construcciones Fontenla tiene tres subterráneos y que también se han vendido a los propietarios de los pisos plazas de garaje en régimen de concesión por espacio de cincuenta años situadas fuera del subsuelo de la parcela privada, es decir, bajo la parcela de suelo público dotacional.
Otros ejemplos
También ocurre algo parecido en la torre comercializada por Promociones Loureda, que se está construyendo en el entorno del centro comercial Espacio Coruña. Allí se han realizado tan solo tres plantas subterráneas para ubicar las plazas de garaje y trasteros correspondientes a las viviendas. «Si han excavado solo tres sótanos, difícilmente se podrán meter todos los aparcamientos para las 17 plantas que tendrá el edificio. ¿Es que tienen pensado hacer lo mismo que en Torre Urbis?», comentaba ayer uno de los propietarios de los pisos construidos por Reyal Urbis.
Algunos vecinos exigieron ayer al gobierno local de forma directa que investigue si todas las construcciones que se están haciendo o se han hecho en el polígono de Someso cumplen la legalidad y si el proyecto realizado se corresponde con el aprobado inicialmente por los técnicos municipales. Estos propietarios temen que, en caso de que se denuncie la situación en estas otras torres, el juzgado también declare nula la licencia de construcción, con los consiguientes perjuicios económicos para todos los que han adquirido una vivienda en esas construcciones o que están a punto de acometer la firma de un contrato de compra-venta.
Falta de información
Algunos vecinos de Torre Urbis también se quejaron ayer de la falta de información que obtuvieron por parte de la constructora, ya que cuando adquirieron la vivienda no se les informó de que había una causa abierta en el juzgado relacionada con las supuestas irregularidades acumuladas por ese edificio y que tampoco se hizo constancia efectiva del proceso judicial a la hora de escriturar ante notario el cambio de titularidad del inmueble. «La impresión que tenemos es que detrás de esto hay muchos intereses, porque no se entiende que autoricen la modificación del proyecto cuando nuestra torre estaba prácticamente terminada», aseguraba ayer una de las vecinas que ya reside en el edificio afectado por la resolución judicial.
La sentencia que declara nula la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento para la reforma del edificio Torre Urbis concluye que «era necesario acreditar» la imposibilidad de ubicar en el subsuelo de la parcela privada todas las plazas de aparcamiento y añade que fue «insuficiente» la alegación de Reyal Urbis y el Ayuntamiento (las partes demandadas) de que el nivel freático era la causa de no excavar los seis sótanos requeridos por la legislación, «ya que entraría en colisión con los informes previos a la concesión de la licencia de 2006». Concluye también que «no es admisible la utilización de dominio público viario sin haberse justificado por parte de la demandada la imposibilidad».
Mientras, los afectados siguen intercambiando información y el creciente malestar está fomentando la creación de una plataforma para aglutinar a las personas que se sienten perjudicadas por una decisión judicial de la que, denuncian, «nos hemos enterado por los medios de comunicación y supone una importante merma de nuestro patrimonio, ya que nadie nos informó de la existencia de estas penalizaciones».