«Nostián está al corriente de sus pagos», dice Nieves Vázquez sobre la «deuda» de 60 millones

La Voz

A CORUÑA

07 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

En una pregunta formulada por al concejal del PP Julio Flores respecto a las peticiones económicas de la empresa concesionaria de la planta de Nostián al gobierno municipal -una deuda de 60 millones de euros-, la concejala de Medio Ambiente, Nieves Vázquez, aseguró que el Ayuntamiento «esta estudiando la petición realizada» y le recordó que «Nostián está al corriente de pagos con todas las obligaciones contractuales» con la empresa citada.

Flores se quejó de la tardanza y señaló que Vázquez estaba ocultando «la verdad bajo miles de toneladas de basura» e instó a la realización de una auditoría a la empresa. La socialista le replicó, achacando a la Xunta la no autorización de la instalación «que hará posible el intercambio de residuos entre Nostián y Sogama». «La parálisis de la Xunta está perjudicando a la empresa concesionaria, que no puede recuperar la inversión, más de 10 millones de euros en Nostián y 2 en Sogama».

En el mismo turno de preguntas orales, el popular Miguel Lorenzo se interesó por la situación judicial de la torre Urbis. La responsable de Urbanismo, Obdulia Taboadela, informó de que el Ayuntamiento ya había presentando un recurso ante la resolución judicial, además de reunirse con los vecinos para ofrecerles garantías de que las viviendas se habían construido legalmente.

En la contrarréplica el popular tachó la situación de «chapuza urbanística» y afirmó que la ciudadanía estaba muy preocupada con el funcionamiento del área: «Han creado una gran inseguridad jurídica al conceder licencias ilegales en las que el ciudadano se encuentra que tiene una espada de Damocles, ya que tiene sentencias que incluso le mandan demoler el edificio en el que tienen sus viviendas».

Legalidad

Obdulia Taboadela recordó que lo ocurrido en la torre Urbis es «totalmente legal y cotidiano en los procesos urbanísticos» y que el Ayuntamiento «ha sido transparente» y que ahora va a demostrar que en primera instancia no se hizo una interpretación correcta de la ley».