Tres usuarios han muerto y hasta ahora solo 6 empleados han sido recolocados
02 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.A las 16 horas de ayer representantes de Sanyres, gestora de Esvida, y de la Consellería de Benestar formalizaron oficialmente la resolución de cese de actividad de la residencia gerontológica, anunciado por la firma a las familias el 4 de abril.
Según confirmó la Xunta, el cierre no se certificó hasta comprobar que los dos últimos usuarios de las instalaciones (de los 96 iniciales) habían sido reubicados ayer mismo en otros centros residenciales.
La resolución se notificará ahora a las autoridades laborales que tramitan el expediente de regulación de empleo de los 47 trabajadores, lo que lo hará efectivo aun cuando el ERE ya había sido aprobado por Traballo, condicionado a la reubicación de los usuarios, el 27 de abril, una vez que empresa y plantilla habían llegado a un acuerdo.
Pese a las protestas de los familiares y la oposición al cierre, 31 de los usuarios se han ido a la residencia Ballesol en Oleiros, 14 a Caser de A Zapateira, otros 7 a la pública de Oleiros, 6 a Sanitas, 5 a La Milagrosa, 5 al de Sanyres en Lugo, otros 3 a la pública Concepción Arenal y el resto se han distribuido en otros inmuebles de la zona, salvo dos que han vuelto a sus domicilios y tres usuarios que fallecieron en estos apenas dos meses desde el anuncio de cierre.
La recolocación de los trabajadores, comprometida por la gestora en función del número de usuarios que se trasladasen a otras instalaciones, aún no está cerrada del todo. Según informó Sanyres, «hay ofertas encima de la mesa que aún no están confirmadas» y por el momento solo seis de los empleados cuentan con nuevo destino.
El cierre de la residencia de Matogrande, frente a la cual ayer permanecía un camión de mudanzas, cierra casi doce años de actividad de un servicio impulsado por Fadesa. Inaugurado el 9 de diciembre de 1999, el centro gerontológico pasó a ser gestionado por Sanyres al año siguiente. El pasado 4 de abril , la firma convocó a una reunión a los familiares de los residentes y les anunció que dejaba de operar en un mes, aduciendo varios ejercicios de pérdidas económicas al encontrarse al 60% de ocupación. Los afectados decidieron entonces movilizarse, poniendo de manifiesto la desprotección de los mayores ante una decisión empresarial de la que responsabilizaban en parte a las exigencias de Baniff, propietario del inmueble. El fondo del Banco Santander confirmó ayer que considera «vital» que el centro, por el que se han interesado varias firmas del mismo sector asistencial, siga en activo. Según había recalcado el Ayuntamiento cuando se abrió el proceso, el edificio está catalogado en el plan general como equipamiento dotacional de carácter asistencial privado y no estaba previsto modificar su calificación en el nuevo PGOM, por lo que no podría cambiar de uso.