Nadie quiere la basura en la puerta de su casa. En O Irixo, el alcalde del municipio ourensano lucha por un puñado de trabajos, y los ayuntamientos colindantes están de acuerdo en que la nueva incineradora, cuanto más lejos, mejor. Lo mismo pasó en Vigo con Guixar. En A Coruña, el drama del vertedero incontrolado se cobró una vida cuando Bens se desbordó y los residuos sepultaron a un vecino.
Aquel episodio removió conciencias y la ciudad apostó por un camino inexplorado: el reciclaje. El viejo vertedero se convirtió en una moderna planta teñida de verde ecológico. En ella se iban a reciclar el 65 por ciento de los residuos. La idea fue acogida con entusiasmo por todos los coruñeses. Incluso los municipios del área metropolitana, a pesar de asumir una tarifa más alta, quisieron respaldar el modelo lanzado por el sensibilizado gobierno local coruñés.
Pero las buenas noticias saltaron por los aires con la misma virulencia con la que estalló uno de los cuatro biodigestores de la planta. Era junio del 2002, apenas dos años después de que Nostián entrara en servicio. Aquel accidente encendió los reparos de la oposición. La falta de transparencia sobre algunas de las dificultades del cambio de modelo de tratamiento de basuras tampoco ayuda a esclarecer las dudas. Y el entusiasmo ciudadano empezó a desaparecer a la misma velocidad a la que se enterraban los residuos. El PP hizo bandera de la crítica a la planta, que los socialistas contraponían a la «anticuada» incineración de Sogama. En medio de constantes reproches y amenazas sobre procesos judiciales e investigaciones al más alto nivel, la planta siguió intentando solucionar sus debilidades. Así, en los últimos tres años, optó por deshacerse de la basura que ya no podía enterrar en Nostián en otro vertedero, en Sobrado. Y lo que era una apuesta por la ecología y el reciclaje sostenible acabó convirtiéndose en una vuelta al pasado.
El alcalde, Carlos Negreira, quiere romper el leonino contrato con la filial de ACS que gestiona la planta. El acuerdo tomado poco antes de las municipales le obliga a pagar 30 millones de euros. Y se siente «atracado» por un servicio que no responde a lo pactado y que, encima, sus vecinos de la comarca reciben mucho más barato. El asunto no se puede cerrar en falso. Si el juzgado es el camino para zanjar el contencioso, al regidor no le temblará el pulso. La negociación se presenta difícil. La duda es si con el nuevo gobierno se podrá salvar el modelo de reciclaje.
El PP hizo bandera de las críticas a la planta que el PSOE contraponía a Sogama