Atribuye la reducción temporal de empleo a la «absoluta desidia» del anterior gobierno
09 nov 2019 . Actualizado a las 17:19 h.Albada, la empresa gestora de la planta de Nostián, ha dado un paso más en la posible aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en las instalaciones. Si a finales del mes pasado puso esa posibilidad sobre la mesa, ayer anunció a los representantes de la plantilla que ha puesto en marcha los trámites para aplicarla desde Año Nuevo.
La regulación de empleo
Cuarenta trabajadores. Desde Albada explicaron que la regulación de empleo afectará al 40 % de la plantilla, es decir a 40 operarios, y se ejecutará desde el 1 de enero. En esa fecha finaliza el contrato vigente con el Ayuntamiento de A Coruña. Aún así, los residuos procedentes de la ciudad seguirían siendo tratados, ya que al tratarse de un servicio esencial vinculado a un contrato de concesión la empresa está obligada a mantener la actividad.
Sin embargo, la compañía considera que la continuidad del servicio no es aplicable a los ayuntamientos que componen el Consorcio das Mariñas (Abegondo, Bergondo. Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada) que, sumados a Arteixo que ya hace meses que renunció a trabajar con Nostián, aportan el 40 % de la producción de la planta.
Las reacciones
Apoyo a la plantilla. El Consorcio das Mariñas reafirmó «su disposición a continuar con el tratamiento de sus residuos sólidos urbanos en Nostián», del que es cliente preferencial. Señalaron que la entidad está «a la expectativa de lo que se decida desde A Coruña, como gestora de la planta». El Consorcio recordó que está dispuesto a entrar en la gestión de la planta, pero en su situación actual «solo puede esperar a que se resuelva la situación». La entidad mostró su confianza en que «se mantengan los puestos de trabajo y haya solución antes de fin de año, con margen suficiente para decidir el destino de la basura en caso de ser necesario».
Por su parte, fuentes del comité de empresa confirmaron que Albada les ha comunicado de forma verbal el inicio del proceso de regulación de empleo, y prevén que la próxima semana se les notifique por escrito. Los representantes de la plantilla afirman que se convocarán movilizaciones para combatir el ERTE.
Desde el Ayuntamiento de A Coruña, la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, subrayó su apoyo a los operarios y manifestó que según los servicios jurídicos municipales Albada debe tratar la basura del Consorcio.
Un problema heredado
Trámites con retraso. Desde la gestora de Nostián se denunció que la situación está provocada por la «absoluta desidia» y «falta de previsión» del Ayuntamiento, y en concreto del anterior gobierno local de la Marea, para iniciar en plazo la renovación del contrato de la planta.
Si esos trámites se hubiesen iniciado a tiempo, el 1 de enero debería entrar en vigor un nuevo contrato de concesión, sea con Albada o con otra empresa, actualizado según las necesidades de las instalaciones. Pero como ocurrió con otros servicios esenciales, como el de recogida de basura o el de limpieza viaria, el anterior gobierno no licitó los nuevos pliegos en plazo y el 1 de enero la instalación se quedará en situación contractual precaria.
Las advertencias
Escritos desde febrero. La Marea ha intentado responsabilizar al actual gobierno local de que los pliegos no estén listos. Pero los responsables del anterior gobierno sabían que no llegarían a tiempo. Así se deduce de los escritos que intercambiaron con la empresa entre febrero y mayo.
El pasado 7 de febrero, Albada remitió un escrito a María Pita en el que anunciaba su deseo de acabar el contrato el 1 de enero, para que el Ayuntamiento adjudicase el servicio de nuevo o asumiese la gestión directa de la planta.
El anterior gobierno local respondió el 13 de febrero con un escrito en el que indicaba que «este Concello está realizando os trámites necesarios para licitar canto antes un novo contrato», pero añadía que «a partir do 01.01.2020, teñen a obriga de continuar na prestación do servizo».
La contrarrespuesta de Albada se produjo el 23 de mayo. Su escrito recordaba que, aunque en el contrato se prevén posibles prórroga del contrato, eso «no autoriza a esa Administración, ni mucho menos, justifica, la inobservancia de la diligencia necesaria para proceder a la nueva licitación; diligencia manifiestamente omitida, dado que (...) aún no consta la realización de actuación administrativa». La compañía advertía que a causa de esa «inactividad administrativa» se producirían «perjuicios económicos» que la compañía «no tiene obligación de soportar».