El gobierno local adjudica con tres años de retraso la recogida de basura por 11,6 millones
A CORUÑA
El servicio llevaba desde enero del 2017 en situación irregular y ha protagonizado varias movilizaciones
08 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La junta de gobierno local adjudicó ayer el contrato de recogida de basuras a Cespa, una empresa del grupo Ferrovial. La decisión de la junta, alcanzada tras un complejo proceso de adjudicación, pone fin a la situación de precariedad del servicio, que ha provocado numerosos problemas en la ciudad en los últimos años.
El importe del contrato, que tendrá una duración de ocho años sin posibilidad de prórroga, es de 11,6 millones de euros.
La recogida de basuras se prestaba sin contrato desde el 16 de enero del 2017. Ese día terminó el anterior contrato, que había durado décadas y también estaba gestionado por la empresa Cespa. La fecha del fin de la concesión se conocía desde hacía décadas, pero el anterior gobierno local de la Marea Atlántica no puso en marcha a tiempo los trámites para renovarla. De hecho, la contratación del servicio no arrancó hasta el 26 de julio del 2018, un año y medio después de que terminase la anterior concesión.
La consecuencia de esa demora fue un importante deterioro del servicio. La recogida de residuos es una necesidad básica, por lo que la ley facultó al Ayuntamiento para obligar a Cespa a continuar haciendo ese trabajo. Pero las repercusiones fueron evidentes. Entre finales del 2018 y principios del 2019 se produjeron interrupciones del servicio de forma intermitente. En enero del año pasado, los contenedores estuvieron casi una semana sin recoger, lo que provocó numerosas protestas de los vecinos.
Años de dificultades
Los parones no estuvieron relacionados con reivindicaciones de mejoras laborales, sino con las malas condiciones de trabajo. El Sindicato de Traballadores da Limpeza (STL), que tenía y ha renovado una amplia mayoría en el comité de empresa, explicó las interrupciones por el deficiente estado de la maquinaria con la que se prestaba el servicio. En septiembre del 2018, un operario murió como consecuencia de un accidente con un camión de la recogida, en el que resultaron heridos otros dos trabajadores.
En los meses siguientes, denunció el sindicato, se reprodujeron los accidentes relacionados con el deficiente estado de la maquinaria, y la plantilla rechazó salir a trabajar con vehículos que no cumpliesen las condiciones.
Los problemas de la recogida de basura se ampliaron a la limpieza viaria. Ese servicio, todavía más costoso, se quedó sin contrato en verano del 2018. Las consecuencias también se notaron en las calles, como indicó una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del 2019. Según la consulta de ese organismo, A Coruña era en el 2019 una de las ciudades más sucias de España, de acuerdo a la opinión de sus vecinos, cuando en el 2015 estaba situada en la mitad de las más limpias del país.
A esos problemas hay que sumar el colapso de la Administración municipal. Al prestarse sin contrato, las facturas de la recogida eran irregulares y tuvieron que tramitarse a través del pleno o de decretos del alcalde. Esos trámites extraordinarios retrasaron los pagos, lo que a su vez lastró el plazo de pago a proveedores y la posibilidad de reinvertir fondos sobrantes de ejercicios anteriores. De esa forma, solo en el 2018 el Ayuntamiento tuvo que destinar 15 millones de euros que iba a emplear en proyectos en los barrios a abonar deuda con entidades bancarias.
Mientras esos problemas se recrudecían, el complejo proceso de contratación siguió avanzando. No llegó a tiempo para las elecciones, y no fue hasta el 6 de junio del 2019, justo después de los comicios, cuando el gobierno saliente hizo un informe propuesta de adjudicación a la oferta mejor situada, presentada por la FCC e Ingeser Atlántica.
Pero esa decisión fue recurrida por Copasa y Cespa, que entendían que la oferta no era válida. El tribunal de contratación de Galicia (Tacgal) les dio la razón y confirmó la exclusión de FCC, también ordenó que se revisase la oferta de Copasa, que iba en segundo lugar, por si pudiese ser también inválida.
Ya iniciado el 2020, la mesa de contratación constató que era así, y propuso adjudicar el contrato a la tercera clasificada: Cespa. La firma se ha comprometido a introducir varias mejoras en el servicio, referidas a la recogida de residuos de poda, impulsar el compostaje individual y un proyecto piloto para la recogida selectiva de materia orgánica. A la espera de posibles recursos, el servicio vuelve a estar regulado.
