El mercado de la vivienda en A Coruña: «La situación de los alquileres es terrible, no compensa, he acabado comprando un piso»

No es una meta sencilla. Encontrar un piso en alquiler a un precio asequible, donde la renta no supere en un 60 % el salario del inquilino, como así recomiendan los expertos en ahorro, es cada vez más difícil. Una realidad que ha llevado al Ayuntamiento a solicitarle a la Xunta, que tiene las competencias, que declare el municipio zona tensionada, como permite la nueva Ley de la Vivienda aprobada este año.

Según los datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), en la ciudad hay 375 propiedades en el circuito del alquiler. Una cifra bastante inferior a la de las viviendas turísticas: 1.055. Un «stock en mínimos históricos», remarca Benito Iglesias, el presidente de la patronal inmobiliaria gallega.

Aunque Vigo se ha colocado como la urbe con las mensualidades más altas, A Coruña es la ciudad que ha registrado el mayor incremento en el precio medio del alquiler en la comparativa interanual: ha subido un 7,3 %, dejando a nueve euros la media del metro cuadrado. «El problema de fondo aquí son las viviendas de uso turístico, las que se ofertan en plataformas como Airbnb. En ciudades como Nueva York comenzaron a controlar su oferta», valora el agente inmobiliario Manuel Conchado.

«Cuando ponemos un piso en alquiler, vuela. Recibimos diez llamadas a las pocas horas por él y, de todas, cuatro se lo quieren quedar», destaca el agente inmobiliario de Conchado.

La situación, comparte Isabel Cotelo, socia de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) y de Ampsi, la Asociación de Mujeres Profesionales Inmobiliarias, es delicada. «Hay un problema serio de alquiler en la ciudad. Esto es algo en lo que estamos de acuerdo todos en el sector», sentencia Cotelo.

Un nuevo actor

Pero, este veredicto no los lleva a compartir la vía por la que opta el gobierno local. «En lo que también estamos de acuerdo es que tensionar más el mercado no va a servir de ayuda. Todo lo contrario», avanza Isabel Cotelo. «Todos somos partícipes en un error que nos ha traído hasta aquí: los pequeños propietarios que invertían en una vivienda para alquilar están dejando de hacerlo. Nos consta que hay un miedo generalizado por esta inseguridad jurídica y ciudadana que no existe. El resultado es que prefieren tener el piso vacío. Estamos dejando este importante nicho de mercado en manos de los grandes fondos. Ya no solo se interesan por A Coruña para la compra de inmuebles que reforman y venden, también vienen para comprar y luego alquilar», desvela Isabel Cotelo.

Una valoración muy parecida es la que ofrece Benito Iglesias, de Fegein. «Los propietarios se están pasando en un alto porcentaje a la vivienda vacacional. En el tercer trimestre de este año, por primera vez, se ha superado la cifra de mil pisos de alquiler turístico en tres ciudades de Galicia: Vigo, Santiago y A Coruña», remarca Benito Iglesias.

Sobre la propuesta de crear zonas tensionadas, es contundente: «Esta ley es un ataque frontal a la propiedad privada. Los propietarios pueden retirar sus viviendas del circuito para evitar la intervención, ya lo están haciendo. Muchas casas se van a retirar para la venta o el alquiler vacacional», vaticina Iglesias.

Incentivos fiscales

Isabel Cotelo es consciente del alza de los precios. «Muchos dueños los han subido porque ya no cubren la hipoteca con los arrendamientos tras las subidas de los intereses», justifica. «Claro que hay gente que se aprovecha e infla los precios, pero no se puede juzgar a todos por igual. La mayoría de los pisos en alquiler están hipotecados por pequeños propietarios», destaca Cotelo.

Una realidad que puede cambiar, advierte, si los fondos cobran protagonismo. «Hay otras alternativas, como los incentivos fiscales por una hipoteca o los gastos en suministros», propone.

El alquiler es una realidad que comparten en la ciudad unas 27.881 familias. Esta es la cifra de viviendas que tienen vigente un contrato de arrendamiento. Uno de los requisitos para ser zona tensionada es que el coste medio del alquiler, o de las hipotecas, supere el 30 % de los ingresos medios de los hogares.

Rey recuerda que la lista de espera de vivienda pública asciende a 2.305 personas

La lista de espera de los que quieren acceder a una vivienda pública en la urbe es de 2.305 personas. «Son os inscritos no Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). É evidente que a oferta actual na cidade non responde a esta demanda efectiva e oficial. A Xunta ten as competencias e os datos. Pedímoslle que contraste a situación», manifestó ayer la alcaldesa, Inés Rey.

La propuesta de A Coruña para ser declara zona tensionada podría no llegar nunca a buen puerto. El Ejecutivo autonómico de Alfonso Rueda argumenta que no se han aportado suficientes datos. «Non achega informes que xustifiquen dita declaración nin propón as medidas correctoras que establece a lei», responden desde la Consellería de Vivenda.

Una solución que estaría al alcance del gobierno local es la de subir el impuesto de bienes inmuebles (IBI). «Es una posibilidad que estudiamos sobre las viviendas vacías», reconoció este verano la alcaldesa. Desde la Xunta insisten en este factor y dicen que el gabinete de Rey «obvía que as entidades locais teñen competencias propias en materia de vivenda atribuídas por lei, unhas competencias que o Concello non exerce», alegan.

Lía Gimeno, exinquilina que se va a estrenar como propietaria: «La situación de los alquileres es terrible, no compensa, he acabado comprando un piso»

Llegó a la ciudad hace siete años. En la calle San Nicolás, Lía Gimeno regenta una tienda. Es autónoma y esta condición laboral ya fue un impedimento cuando se puso a buscar piso. «Arrugaban un poco el morro, sí», dice con cierta resignación, pero sin perder la sonrisa. Su primera casa fue un apartamento en la calle Capitán Troncoso, a un paso de María Pita. Tenía dos dormitorios y por él pagaba 375 euros de renta. Después, se fue a otro en la zona de Monte Alto, un cuarto sin ascensor, pero reformado, por 350 euros. De eso pasaron seis años.

Ya, con su pareja, alquilaron piso juntos. «Entre los dos nos podíamos permitir un alquiler más alto, pero la relación se terminó y, cuando me puse a buscar, me di de frente con la realidad. Ha sido una odisea», define Lía.

«Ahora mismo, estoy en un Airbnb», subraya. «Enfrente de mi tienda tengo dos edificios de alquiler turístico. Cada vez hay más. Como ahora estamos en temporada baja, te alquilan, pero en verano te tienes que ir. En esta zona y por Monte Alto un alquiler no baja de los 750 o 800 euros. Los hay a 600 y 500, pero son estudios con la cama en el salón. No tengo coche y aquí puedo estar cerca del trabajo», explica. Otro asunto, continúa, son las exigencias de los propietarios. «Tres fianzas, un fiador y justificante de ingresos de 1.600 euros en los tres últimos meses», relata.

Al final, «animada por mis padres y gracias a unos ahorros, he acabado comprando piso. Entro a vivir en breve. Tengo una hipoteca de 800 euros. No merece la pena pagar esto mismo una persona sola por un alquiler. La situación aquí es terrible», concluye.

Lara García, busca piso compartido: «Vimos un apartamento con el trastero convertido en habitación»

Que ellas se puedan permitir, después de semanas de búsqueda, por ahora solo han encontrado uno, comenta Lara García. Es de Cangas pero su intención es mudarse a A Coruña. Para ello, se puso en contacto con otras dos compañeras. Las tres buscan un piso juntas. «Estamos planteándonos que se sume una más. Antes pagabas por una habitación 150 euros. Ahora no encuentras una por menos de 250 o 280», precisa.

Lara estudia un grado en la UNED y subsiste gracias a una pensión. «Espero que eso no sea un problema», apunta. «Yo quería irme sola, pero es imposible como seas de clase media o media baja. Todo lo que vimos hasta ahora son pisos con cocinas muy viejas, con colchones finos de tres centímetros. En uno incluso tenían un trastero convertido en dormitorio. Solo entraba la cama y no tenía ventana», destaca esta joven. La ciudad no se lo pone fácil a aquellos que quieren sumarse a su censo poblacional y no cuentan con grandes salarios. «Hemos concertado una cita para ir a ver uno en la zona de Cuatro Caminos. Son 900 euros al mes y en él podemos convivir cuatro personas. Solo nos piden un mes de fianza y el seguro de impago, que ahora exigen todos los propietarios, cuando deberían ser ellos los que lo abonasen», desliza Lara.

Como tope se ha puesto los 250 euros. A eso habría que añadir los gastos de todos los suministros y la manutención. «A ver si hay suerte», expresa. Si no, asume, la búsqueda sigue.

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