A Coruña, ante una crisis habitacional: «En nuestra comunidad acabamos de prohibir los pisos turísticos»

Las partes implicadas vuelven a sentarse frente a frente este jueves en María Pita ocho meses después de la última mesa sectorial convocada por el Ayuntamiento de A Coruña. Entonces, el gobierno local confirmó su intención de limitar las viviendas de uso turístico (VUT) a primeras plantas y bajos o edificios completos. En realidad, cumplir con el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM), que dice, por ejemplo, que en la Ciudad Vieja y Pescadería tan solo se admiten inmuebles enteros para este uso. En aquel encuentro, octubre del 2023, los pisos vacacionales inscritos en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) eran 1.077. Hoy rozan los 1.300.

La cita coincide con las primeras notificaciones del Ayuntamiento a los propietarios de una VUT de la necesidad de una comunicación previa de la actividad para su regulación municipal.

Cuando en Santiago la decisión de la alcaldesa nacionalista Goretti Sanmartín de ponerles freno ha abierto un cisma en el PSdeG, en A Coruña el ejecutivo local socialista adelanta avances en el borrador de la ordenanza.

«Debe por un freo. A grande maioría das VUT que operan na cidade, 1.291 nas últimas cifras, non teñen título habilitante e son incompatibles co PXOM. A cidade, e os seus actores económicos e sociais, non teñen por que sufrir as consecuencias da súa proliferación incontrolada nin a inacción fronte a este grave fenómeno que altera a convivencia dos veciños e prexudica á economía local», sostiene Ruth Varela, del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en A Coruña.

Ellos son una de las partes citadas. Hablan de una «emerxencia habitacional». En el 2023 los pisos turísticos crecieron un 64,2 %. Mientras, la bolsa de viviendas de alquiler tradicional está en las 300.

Otra de las voces críticas es la de los hoteleros. «Demandamos igualdad, los mismos requisitos en cuanto a inspecciones de turismo, laborales o de prevención. Estamos en el momento de coger el toro por los cuernos, de que no se conviertan en una plaga y regular de una forma ordenada», destaca Agustín Collazos, de Hospeco.

Un punto de vista que comparten desde la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña. «Los vecinos de los edificios residenciales no tenemos por qué pagar ni sufrir el beneficio económico de unos pocos. Todos hemos ido alguna vez a una vivienda turística, no se trata de prohibirlas todas, pero esta es una actividad económica, y hay que controlarla y regularla como tal. Además, cada vez hay menos pisos para el alquiler de larga duración», expone la presidenta del colectivo, Luisa Varela.

Por su parte, los promotores inmobiliarios son partidarios de una regulación con «trascendencia práctica», así como de que se modifique la ley de propiedad horizontal, para facilitar la toma de decisiones a las comunidades, pero matizan. «Somos conscientes de los problemas que generan, pero lejos de apasionamientos radicales, hay que analizar barrio por barrio, calle a calle, y ser conscientes de que están generando una actividad económica importante, no solo por el turismo, sino en cuanto a regeneración y rehabilitación urbana», indica Juan José Yáñez, el secretario general de Aproinco.

Este jueves también están citados los dueños de viviendas turísticas, representados por la asociación Aviturga. «Esperamos que impere el diálogo y que la ordenanza analice el impacto económico que puede tener una prohibición para la ciudad. También, que tenga en cuenta las viviendas que llevan años funcionando y pagando impuestos. Desconocemos esto y es lo más preocupante», apunta Rafael Serrano, de Aviturga.

Verónica Urreaga, abogada de la Asociación de Inquilinos de A Coruña: «En nuestra comunidad hemos prohibido estos usos»

Los administradores de fincas, los agentes de la propiedad inmobiliaria y también colectivos como la Asociación de Inquilinos de A Coruña son otras de las partes citadas este jueves. Verónica Urreaga es abogada y socia de esta entidad.

—¿Qué expectativas tienen para el encuentro de este jueves?

—Expectativas de que podamos salir con una decisión en firme no muchas. Llevamos así un año, con reuniones que se convocan y suspenden, y temo que vamos a seguir igual. Lo que propuso el Ayuntamiento, limitar su presencia a lo que dice el plan general, me parece bien. Desde luego, esto hay que regularlo. No es algo que pase solo aquí, sino que padecen muchas ciudades.

—¿Afectan al alquiler tradicional los pisos turísticos?

—Claro que afectan porque cada vez hay menos viviendas para que pueda alquilar una familia o unos estudiantes para vivir en ellas. Pero hay más partes afectadas que los inquilinos de larga duración.

—¿A quién se refiere?

—Al resto de los vecinos de un inmueble. A estos pisos vienen muchos jóvenes que entran, salen, van de fiesta por las noches, suben, bajan. Hay edificios en los que es tremendo. Por eso, en nuestra comunidad, la de Torres y Sáez, en Linares Rivas, hemos decidido prohibirlos en la última reunión de los propietarios, hace un mes. Somos unos cien vecinos, si comenzábamos a llenarnos de viviendas vacacionales, había ya una o dos, seríamos el doble, 200. Esto también implica más gastos para la comunidad con los que tenemos que acarrear el resto de propietarios, además de los trastornos que puede provocar en el día a día.

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