Montse Díaz, propietaria en Arteixo: «No cobro la renta de mi piso alquilado desde el 2023, ¿quién me ayuda a mí?»

El 31 de diciembre del 2022 Montse Díaz López decidió alquilar el único piso que tiene en propiedad, en Arteixo, A Coruña por 450 euros al mes. «Se lo renté a un chico de 28 años, pero él vive con su pareja y su hijo, que ahora tendrá 8 . En el contrato solo figura el hombre», indica Montse, que vive con su marido en la vivienda que él posee. «Nos casamos en separación de bienes y antes de la boda cada uno tenía ya su propiedad comprada».

Los problemas con su inquilino comenzaron al poco de que este se fuera vivir a su propiedad, situada en Vilarrodís, Arteixo. «Empezó retrasar los pagos en marzo y, en junio, ya dejó de pagar por completo», indica la mujer, que tenía contratado un seguro de impagos. «Cuando vi que pagaba tarde le pregunté si tenía algún problema económico, que si era así me lo dijera. Me respondió que no, pero, meses después ya dejó de pagar», lamenta Montse.

La vivienda cuenta con dos dormitorios, dos baños (uno dentro de la habitación), salón, cocina y plaza de garaje. «Si no me podía pagar, le dije que se fuesen y listo. No les iba a cobrar lo que me debían», relata Montse, que denunció al inquilino. «Gané y establecieron la orden de desahucio el 27 de abril del 2024, pero finalmente se suspendió porque fue declarado vulnerable y aplicaron el Real Decreto-ley 37/2020, de forma que no podían echarlo», dice la propietaria, que esperaba que finalmente se pudiese ejecutar la orden después de suspenderse la norma en el Congreso al no aprobarse el decreto Ómnibus. Sin embargo, finalmente este martes el Gobierno volvió a paralizar esos desahucios.

Hasta la fecha, el dinero que le debería por el alquiler no abonado es de casi 10.000 euros. «Él trabajaba, pero argumentó que le bajó el importe que recibía en nómina. En servicios sociales le indicaron que podía acogerse a la vulnerabilidad, ya que además tiene un menor a cargo. El 9 de abril recibió el informe en el que lo declaraban vulnerable», explica Montse, que entiende que el Estado ampare a ciudadanos con problemas. «Me parece bien que el Gobierno promueva ayudas a personas en riesgo de exclusión social, pero ¿quién me ayuda a mí?», indica Montse, que explica que todavía está pagando la hipoteca de esa vivienda, de 364 euros al mes. «A eso le sumo la comunidad, que son 70 euros y el seguro de impagos, que aboné yo. Por ello me pagaron un año de la renta que no percibí», dice.

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Montse expuso su caso en Servicios Sociales. «Me dijeron que podía dejar de pagar la hipoteca y acogerme yo a la condición de persona vulnerable, ya que también tengo una hija menor. Pero si dejo de pagar me quitarán la vivienda», dice Montse. «Desde Servicios Sociales tenían que haberles ofrecido una alternativa para vivir y no lo han hecho», lamenta.

Ante la situación, se unió junto a otros propietarios de A Coruña y la comarca en la primera asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica a nivel nacional, Aprovij. «Espero que ahora revisen mi caso y se ejecute finalmente la orden de desahucio», dice.

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