A juicio por pedirle 10.000 euros a su casera para irse de un piso tras 5 años sin pagar el alquiler en A Coruña

 La eumense Pilar Pérez Peal dice que lleva 5 años sin percibir un duro por la vivienda que su marido rentó en el 2019. El hombre se la alquiló a una mujer y a su hija en el 2019 por 370 euros al mes. «Un precio bajo porque en ese momento le dio pena al verla sola con su niña», contó Pilar a La Voz hace justo un año. Tras morir su marido, asegura que la inquilina dejó de pagar y desde entonces sigue viviendo en el piso de 80 metros cuadrados situado en Os Mallo, A Coruña, compuesto de tres habitaciones, «sin pagar un euro». Este jueves se verá cara a cara frente a la deudora, a la que Pilar la denunció por coacciones.

«Llevo tres años luchando para que se vaya. Desesperada contraté una empresa de mediación. Entonces, ella envió un audio diciendo que si le daba 10.000 euros abandonaba el piso en diciembre, que necesitaba ese dinero para dar como entrada para otra vivienda. Decía que si le entregaba esa cantidad me dejaba el piso como estaba, con todos los muebles. Solo faltaba, vamos», se queja Pilar, que tras estos hechos interpuso contra su inquilina una demanda penal por amenazas y coacciones. «Además de pedirme el dinero, fue con su abogada al despacho de un notario en el que firmaron que si yo le daba ese dinero, y además le perdonaba la deuda de todo lo que me debe por el alquiler, se iba. No le voy a dar ni un euro después de todo lo que me ha hecho pasar», dice Pilar.

Demanda por coacciones

La mujer sostiene que espera ganar esta primera batalla judicial. La otra tendrá lugar próximamente, tras suspenderse la vista prevista para este miércoles por un error administrativo. «Tengo muchas esperanzas, en el juicio y en que esta situación se resuelva ya a corto plazo, la verdad», dice Pilar, que cuando dejó de percibir la renta de su piso, el único que posee además de su casa en Pontedeume, denunció a la inquilina. Con la llegada de la pandemia, el juicio se pospuso y, finalmente, la inquiokupa, como la llama, fue declarada vulnerable lo que derivó en la suspensión del desahucio. Pilar leva tiempo tratando de reabrir su caso, ya que sostiene que las condiciones de esta mujer han cambiado. «El juez se va a quedar sorprendido cuando vea el informe de Servicios Sociales de A Coruña. En él consta que rechazó alternativas habitacionales», asegura Pilar.

En el documento se hace referencia a que fueron «varias» las viviendas propuestas y visitadas por la inquilina y que todas «foron rexeitadas». A pesar de tener estos informes en su mano, Pilar tardó tres años en conseguir que su caso fuese revisado. «Cada seis meses lo intenté, pero no fue hasta hace poco, cuando el decreto Ómnibus quedó muerto unas semanas, cuando aceptaron revisarlo», explica Pilar, en referencia al pasado enero, cuando la medida, que incluía la prórroga de la suspensión de los desahucios a vulnerables hasta el 31 de enero de este año, quedó en el aire varias semanas hasta ser aprobada finalmente en el Congreso el pasado febrero.

Pensión embargada

Además de no percibir un euro por la vivienda que tiene alquilada, Pilar tiene que pagar las facturas de los suministros de su inquina. «Por no abonar la del agua me han embargado la pensión de jubilación», lamenta Pilar, que avanza que agotará todas las vías judiciales. «Quiero que la metan en la lista de personas morosas para que no pueda engañar a nadie más», avanza la mujer, que añade que, sobre todo, lucha «para evitar que otros vivan el infierno» que ella sufre.

Presión a través de la primera asociación contra inquiokupas

Hace poco más de un año Pilar Pérez Peal se unió a Aprovij, la primera asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica. Lo hizo junto a otra coruñesa, Lucía Ares, a quien sus inquilinos dejaron de abonar la renta en el 2022.

Desde la entidad piden la suspensión del decreto Real Decreto-ley 11/2020. La norma fue aprobada durante la pandemia como medida de protección para las personas vulnerables, de forma que se suspendieron los desahucios de este colectivo. Actualmente, sigue vigente, un punto que los dueños consideran que afecta gravemente a su seguridad jurídica. Indican que los retrasos judiciales para conseguir revisar los casos prolongan indefinidamente los procesos para poder recuperar sus viviendas.

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