Bicis y patinetes centran los alegatos a la ordenanza de movilidad de A Coruña

David García A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

CESAR QUIAN

La normativa fue aprobada inicialmente en junio y deberá pasar de nuevo por el pleno para su visto bueno definitivo

24 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El pleno de A Coruña aprobó inicialmente en junio la nueva ordenanza de movilidad, que tiene como objetivo unificar y englobar diferentes normativas que se centran de manera individualizada en cuestiones como el transporte público, la circulación, las bicicletas o el aparcamiento, entre otras. El texto salió adelante con los apoyos del gobierno local (PSOE) y del BNG, mientras que el PP votó en contra, y ahora se está estudiando la treintena de alegaciones que se presentaron.

La nueva ordenanza establece diversos niveles situando al peatón en el más elevado, es decir, como la prioridad. Esto supone un nuevo paso en el impulso por parte del gobierno municipal de promover una movilidad más sostenible. En el segundo nivel se coloca a las bicicletas y a los vehículos de movilidad personal —como los patinetes—. Estas fueron dos de las cuestiones que centraron una mayor cantidad de alegaciones, según explican fuentes municipales

La propuesta incluye novedades para las primeras, como la obligatoriedad de usar el casco para menores de 16 años, de circular por los carriles o aceras-bici y solo los menores de 12 años acompañados por adultos podrán conducir por espacios reservados para peatones. Tampoco se podrán usar auriculares, lo mismo que en los vehículos de movilidad personal, en los que la edad mínima para conducirlos será de 16 años, el casco será obligatorio, circularán por los mismos sitios que las bicicletas, aunque sin excepciones en aceras.

El transporte público es otro de los aspectos que centra buena parte de las alegaciones presentadas. Cabe recordar que se continúa trabajando en la licitación del nuevo contrato del autobús urbano, que se espera licitar en la primera mitad del 2026.

Otro apartado sobre el que incidirá la nueva ordenanza, que previsiblemente irá a pleno en septiembre para su aprobación definitiva, es sobre la distribución de mercancías, por el que también se recibieron varias alegaciones.

Entre las aportaciones figura la creación de centros de distribución urbanos y habrá incentivos para vehículos Eco y O de carga y descarga en las zonas de bajas emisiones. Además, se ampliará el horario una hora antes y otra después sobre el actual, siempre que se utilicen este tipo de automóviles.

Además de algunas aportaciones vinculadas con el acceso a los polígonos industriales de la ciudad, como A Grela o Pocomaco, también hubo alegaciones vinculadas con los aparcamientos. En relación a estos últimos espacios, la normativa plantea se cree un punto de recarga eléctrica por cada 40 plazas, tanto en los aparcamientos ya existentes como en los que se construyan.

Las infracciones de VTC que operan en el término urbano aumentan a la espera del texto

Otro punto que se incluirá en la normativa es la regularización de las operaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber o Cabify, que deberán obtener autorización municipal, ya que actualmente solo pueden operar entre distintos municipios.

La Xunta detectó 42 infracciones entre junio y este mes y, aproximadamente dos tercios del total, se produjeron entre esta semana y la pasada en el entorno de la estación de tren provisional de San Cristóbal coincidiendo con los cortes de circulación ferroviaria que hubo por los incendios forestales que afectan zonas de Galicia y de Castilla y León.

El Gobierno gallego remitió al Ayuntamiento 30 actas vinculadas con infracciones y tiene otra docena pendiente de ser enviada, según la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que es la que tiene la competencia de transportes.

Desde el Ayuntamiento explican que están «estudiando» estas actas por presuntas infracciones detectadas por la Xunta —muchas en inspecciones llevadas a cabo en la estación de tren—, lo que podría desembocar en sanciones.

En la ordenanza se especifica que los vehículos de transporte con conductor deberán obtener un permiso del Ayuntamiento, además de la autorización autonómica. Además, se les prohibirá realizar una búsqueda «proactiva de clientes», así como estacionar en lugares como estaciones de pasajeros, hospitales, centros comerciales o instalaciones deportivas.