La Fiscalía pedía una pena de 12 años de inhabilitación para el alcalde de Oleiros y 15 meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico
23 sep 2025 . Actualizado a las 20:36 h.La Justicia ha fallado en el caso del derribo de la casa Carnicero y ha absuelto al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y al arquitecto municipal, quienes fueron investigados por la desaparición de un inmueble emblemático junto al puente de A Pasaxe. Ambos habían sido acusados de un delito contra el patrimonio por la demolición del inmueble el 31 de diciembre del 2020. La Fiscalía solicitaba 12 años de inhabilitación para el regidor y 15 meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico.
«Podemos estar ante una actuación formalmente irregular, clandestina u opaca, para remediar una previa inacción del propio consistorio y de sus responsables, pero no injusta ni groseramente contraria a Derecho», recoge el fallo absolutorio. García Seoane expresó su satisfacción con la sentencia, que considera que hace «xustiza», y vinculó la denuncia a motivaciones políticas del PP, señalando como instigadores del proceso a los populares Diego Calvo y Tristana Moraleja, en una acusación a la que posteriormente se sumaría el BNG. «Pódese recorrer, pero non terá percorrido», afirmó sobre el fallo, asegurando que le preocupaba más la repercusión que podría haber tenido para el arquitecto municipal que para él mismo.
El regidor justificó su decisión alegando que existía un problema de seguridad debido al estado del inmueble, que representaba un riesgo para los viandantes y los vehículos, dada su proximidad a la N-6. «Tomé la decisión para evitar muertes y que no ocurriera como con la dana», había declarado el regidor García Seoane en el juicio ante la Audiencia Provincial que se celebró el pasado mayo.
El arquitecto municipal había recomendado la demolición del inmueble, ya que había sufrido un incendio y varias paredes se habían derrumbado. Sin embargo, para ejecutarlo era necesario un permiso de la Xunta, que no lograron obtener. La Administración autonómica respaldaba medidas de conservación para evitar la pérdida de un bien catalogado y apostaba por su rehabilitación. «Ante la urgencia, no se podía esperar», declaró García Seoane, quien había añadido durante la vista que «si este señor que está sentado aquí [refiriéndose a sí mismo] no hace nada para evitar que un muro caiga sobre un ciudadano, iría a la cárcel».
Por su parte, el otro acusado, el arquitecto de Obras Públicas José Luis Jares Vázquez —encargado de ejecutar la obra— relató en la Audiencia que «los muros se deshacían» y que existía un riesgo muy elevado de desplome.
En la sentencia, la Audiencia concluye que «la casa Carnicero objeto de este procedimiento no tiene la condición de especial protección que se viene exigiendo. Consta que la misma está incluida en el Catálogo de Bienes Culturales del Plan General de Ordenación Municipal, como elemento catalogado B-28 de arquitectura civil, del Ayuntamiento de Oleiros, con un grado de protección "no integral" y con la calificación de suelo urbano». Por ello, estima que «viene a faltar el elemento objetivo del delito» de supuesta prevaricación especial con el que se relacionaba a los acusados.
Respecto al retraso en llevar a cabo los trabajos para apuntalar el edificio e impedir su deterioro, la sentencia explica que «es difícil calificar por nuestra parte si este proceder durante ese lapso de 6 meses responde a una consecuencia de una endémica lentitud de nuestra Administración, de la que no escaparía el Ayuntamiento de Oleiros que preside uno de los acusados, o un lapso de tiempo que, en la práctica cotidiana municipal puede ser considera como correcta o adecuada».
El tribunal reconoce que le tocó resolver «la disyuntiva de determinar si estamos ante una actuación irregular, pero movida por un celo, quizá acuciado por las circunstancias concurrentes, máxime cuando la propiedad del inmueble fue cedida al Ayuntamiento, en virtud de donación de fecha del 17 de diciembre del 2020; o si estamos ante una actuación caprichosa, y al margen de toda cobertura o amparo legal, es el problema al que nos enfrentamos». La sentencia recuerda, a la hora de justificar el fallo, que el técnico municipal había indicado que «la demolición era la solución que se presentaba como inevitable» y que declaró que «nunca creyó que el edificio fuera salvable», aunque reconocía que para ello «precisaba la intervención de la Xunta». También recoge que un perito declaró que la rehabilitación del edificio era inviable y que el apuntalamiento del edificio no contribuiría a su rehabilitación, sino a una estabilización de lo existente, o que desmontar los materiales o elementos que se conservaban para servirse de los mismos para una reconstrucción no era posible».
«En esta tesitura, no llegamos a la conclusión, con la fehaciencia necesaria, de que esa acción y el resultado producido por la actuación ahora imputada pueda ser considerada como una conducta determinada para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad municipal aquí acusada, perjudicando al ciudadano afectado (o a los intereses generales de la Administración Pública, eliminando arbitrariamente la libre competencia) en un injustificado ejercicio de abuso de poder», recoge el fallo.
La importancia de casa Carnicero, un emblema de Perillo, estaba ligada al arquitecto que la erigió, Rafael González Villar. Fue levantada en el año 1916. Era una vivienda de tres plantas, que cuando se incendió en julio del 2020 llevaba más de diez años abandonada. Fue pasto de los okupas y supuso un foco de preocupación para el edificio contiguo. Nunca se resolvió la incógnita de quién inició el fuego en un inmueble que no tenía electricidad y que quedó muy dañado ya que el interior era de madera, obligando a los bomberos a derribar algunas partes debido al riesgo de desplome.
La casa Carnicero había sido encargada en su día por el industrial Enrique Carnicero Ríos, propietario de un vivero de ostras en la ría y amigo del arquitecto. Solo se consideraba protegidas la fachada y la cubierta, según el plan de urbanismo. La parte baja del inmueble había funcionado durante muchos años como restaurante, posteriormente como estanco. Sus últimos propietarios se lo cedieron al Concello al no poder hacerse cargo de su rehabilitación. Estaban tramitando el traspaso cuando ardió. Después vendrían los informes municipales reconociendo el mal estado de su estructura, que derivó el Fin de Año del 2020 en una demolición decretada por el propio alcalde. Aunque vecinos de la zona denunciaron los hechos el mismo día para intentar que la pala no tirara lo que quedaba del inmueble, la maquinaria acabó con la casa Carnicero, emblema de A Pasaxe durante más de un siglo.
García Seoane aseguró que la parcela donde estaba esta vivienda será expropiada cuando se realice la ampliación del puente de A Pasaxe.