El conflicto con la oposición, descrito como «algo muy bueno» por el equipo del alcalde, ha impedido los acuerdos sobre asuntos básicos para la ciudad y lastra la gestión del día a día
29 ene 2017 . Actualizado a las 11:05 h.Esta semana se cumplirán 600 días desde la llegada al gobierno de la Marea Atlántica. El ejecutivo sigue en minoría, sin ningún acuerdo estable ni siquiera para los asuntos más básicos, y si nada cambia el sábado afrontará una cuestión de confianza para sacar el presupuesto en solitario, después de haber roto de forma unilateral el principio de acuerdo alcanzado con los socialistas.
Nada nuevo bajo el sol. El 7 de agosto del 2015, apenas 55 días después de la sesión de investidura en la que el PSOE y el BNG votaron a favor de Xulio Ferreiro sin poner ninguna condición, todos los puentes entre la oposición y la Marea estaban rotos.
Con el PP nunca estuvieron tendidos, después de una campaña electoral centrada en criticar su gestión y laminar la reputación, incluso personal, del exalcalde Carlos Negreira; el primer movimiento del nuevo gobierno fue acusar a los populares de dejar al Ayuntamiento al borde de la quiebra -aunque ese año y el anterior cerró con superávit-.
El mensaje, repetido una y otra vez, era similar al lanzado cuatro años antes por los populares contra el bipartito. Pero ellos gobernaban con mayoría absoluta. Esta vez impidió cualquier posibilidad de alcanzar una cordialidad mínima con los conservadores, ya que además su nueva portavoz, Rosa Gallego, había sido la responsable del área económica durante el mandato anterior.
La tensa relación con el PSOE acabó de estallar cuando se negociaron las retribuciones, asesores y la organización de la nueva corporación. En medio de las discusiones públicas, en ocasiones subidas de tono, el ejecutivo acusó a los socialistas una y otra vez de estar preocupados solo «nos seus salarios». Cualquier posibilidad de acuerdo quedó en nada.
La ruptura con el BNG fue más sórdida. Su portavoz, Avia Veira, denunció en público que los representantes de la Marea en la negociación de un cambio de presupuesto la habían «ameazado» con la foto que se haría al votar junto al PP contra la propuesta del gobierno. No se achantó.
La batalla y sus bajas
Una gestión lastrada. En el debate de ese cambio presupuestario, en la discusión sobre los salarios y la organización municipal, y en otros muchos asuntos, el gobierno empezó por llevar a pleno sus propuestas sin negociar, solo para ver cómo eran rechazadas y luego dar un paso atrás y asumir en mayor o menor medida las tesis de la oposición.
Pero antes de ese paso final siempre ha sido necesario el conflicto, y esa permanente batalla ha ralentizado toda la actividad municipal: ha impedido aprobar a tiempo los presupuestos dos años consecutivos, sacar adelante más de una decena de cambios en las cuentas, dar el visto bueno a la ordenanza de la ORA y los mercados... Todo ello repercute a su vez en la gestión del día a día. Sin presupuestos no hay inversiones ni subvenciones a entidades. Sin cambios en las cuentas no se puede hacer frente a gastos imprevistos o aprovechar oportunidades sobre la marcha.
El aislamiento también ayudó a que se presentase un proyecto Eidus para los fondos europeos que presentaba «erros», según admitió el alcalde, y que provocó la pérdida de 15 millones de euros para la ciudad. Ha envenenado las relaciones con las instituciones gobernadas por el PP -la Xunta y el Estado-, que son claves para los grandes proyectos. Incluso ha impedido que se reformen la mayor parte de las tasas fiscales, que siguen como estaban en tiempos de Negreira.
Las causas de la guerra
El conflicto «es muy bueno». Ninguno de los tres grupos de la oposición vio con buenos ojos la irrupción de la Marea Atlántica en el 2015, pero antes de las elecciones la posibilidad de un pacto se daba por hecho si no había mayoría absoluta del PP. Al fin y al cabo, tanto el PSOE como el BNG tienen experiencia. El presidente de la gestora socialista, Florencio Cardador, recordó esta semana que el bipartito, del que formó parte, «funcionó» como gobierno, y recordó que todos los ediles del Bloque acudieron al homenaje que se rindió al exalcalde que lo lideró, Javier Losada.
Cardador insistió en que esta semana su partido aceptó todas las condiciones que planteó la Marea para llegar a un acuerdo, pero el gobierno lo rompió solo unas horas después de que el alcalde dijese que era «bo para a cidade». Las explicaciones que dio el ejecutivo para explicar esa dedición son contradictorias, y Cardador señaló que el gobierno, sin hablar antes con ellos otra vez, anunció a toda prisa la ruptura y la cuestión de confianza. Pese a los avisos de que la convocaría de inmediato, el alcalde todavía no la ha firmado. Ayer aseguró que la rubricará mañana lunes.
Mientras Cardador recordaba esa tradición de pacto, los portavoces del gobierno han insistido en su «vontade de diálogo» y la recurrente «man tendida». Pero dentro del equipo del alcalde hay opiniones muy distintas.
En abril del año pasado, en Barcelona, Iago Martínez, su asesor principal, afirmó que «el rencor, el desprecio (...)» de los demás partidos «es algo muy bueno porque a nosotros nos ayuda a ser intrusos». Un estatus que, «si te despistas, se puede perder en una tarde», por lo que la Marea necesita «que se nos vaya alimentando esa condición de intruso».
Esas palabras refuerzan la tesis del PP de que el gobierno voló el pacto con el PSOE de forma intencionada poniendo excusas; o la afirmación de Cardador de que «no hay voluntad de acuerdo» tras la apresurada ruptura.
El plácido aislamiento
Estar solo tiene ventajas. Evita grietas internas, como la que se abrió en Culleredo con la baja de militancia de una edila de la Marea tras firmarse un pacto con el PSOE de Julio Sacristán. También podría tener réditos electorales, ya que según la última encuesta de Sondaxe la Marea ganaría un concejal con respecto al 2015. El precio es la dificultad para gobernar, y la citada paralización de la actividad municipal, pero también se han producido errores que no son atribuibles a la soledad en el pleno. Como que no se haya presentado una oferta viable para la adquisición de La Solana en los seis meses que dio de plazo el Puerto o, como ha denunciado la oposición, la falta de novedades en movilidad o el parón en el trámite de licencias.