Tres años después de comenzar su dirección, amenaza con abandonar la explotación del complejo
01 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Tres años después de asumir la gestión del campo de Miño Manuel Basanta exige una subida de cuotas a los socios para no abandonar la explotación del complejo. Incapaz de dotar al recorrido de 18 hoyos de unos mínimos estándares de calidad, y cuando las críticas entre los jugadores se repiten, traslada ahora a los abonados la responsabilidad de aportar más dinero para el mantenimiento del recinto. Así lo hizo ayer por la tarde en una asamblea en cuyo orden del día no figuraba tal punto, y a la que acudieron unos 25 socios de los 160 con los que dijo que cuenta ahora Xarío Golf Club, la entidad que lleva el día a día del complejo.
El contrato de la empresa Mabasle (Manuel Basanta León) con Fadesa para la explotación del campo finaliza ahora. Y el órdago que trasladó ayer a los socios ya lo comunicó a la empresa propietaria del campo. La respuesta de Fadesa a Basanta fue que sopese bien cualquier decisión. El gestor del campo también solicitó a la empresa propietaria que la posible renovación del contrato de alquiler se realice a través de Xarío Golf Club.
En una asamblea en la que los socios mostraron su rechazo al aumento de cuotas, Basanta se escudó una y otra vez en su incapacidad para generar ingresos, pero en ningún momento facilitó a los socios los números de las cuentas a las que se refería. Los abonados afearon también al gestor que una subida de cuotas conllevará de forma automática la baja de una importante cantidad de usuarios. De esa forma, el pretendido efecto de la subida de tarifas quedaría anulado o incluso generaría una merma en los ingresos de un club que presenta un pésimo estado de conservación. Esa mala situación del campo genera las continuas quejas de los socios hacia Basanta y propició hasta la suspensión de un campeonato gallego la pasada primavera.
El campo de golf de Miño se encuentra afectado por la inseguridad jurídica que plantea el litigio entre Fadesa y el Concello, que reclama unas hipotecas sobre el campo en un conflicto judicial todavía sin sentencia firme. Esa situación aleja el interés de posibles inversores.