El alcalde de Oleiros en el juicio por la casa Carnicero: «Tomé la decisión para evitar muertes y que no pasase como en la dana»
OLEIROS
La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para el regidor oleirense y el arquitecto de Obras Públicas del Concello por el derribo de lo que quedaba de la propiedad, en ruinas tras un incendio
20 may 2025 . Actualizado a las 17:09 h.Primera sesión del juicio en la Audienci Provincial de A Coruña por el derribo de la llamada casa Carnicero, un inmueble catalogado como bien cultural del plan urbanístico de Oleiros, y por el que está imputado el alcalde, Ángel García Seoane (Alternativa dos Veciños). La Fiscalía pide para él 12 años de inhabilitación y 15 meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico. También está acusado el arquitecto municipal José Luis Jares.
El regidor justificó la decisión de demoler el 31 de diciembre del 2020 los restos de la construcción —dañada por un incendio el 16 de julio de ese año— «por el riesgo para la seguridad de los ciudadanos». El derribo se llevó a cabo la tarde de aquel Fin de Año, motivado, según García Seoane, «por las previsiones meteorológicas, con un fuerte vendaval que días antes tiró un muro de la propiedad». «Tomé la decisión para evitar muertes y que no pasase como con la dana», dijo el alcalde, que destacó la proximidad de la casa a una carretera, la AC-12, «por la que pasan a diario 90.000 vehículos y en esas fechas, en Navidad, más». La vivienda se encontraba en uno de los accesos a este municipio de 38.000 habitantes de la periferia de A Coruña.
Sobre la jornada en la que se comunicó la demolición a la Xunta, el 30 de diciembre, y la falta de respuesta, el regidor hizo alusión a que desde Carreteras del Estado, «siendo la misma fecha y siendo también una Administración, sí respondieron y acudieron para cortar el carril más próximo a la propiedad durante la actuación».
«Estaría en la cárcel»
En cuanto al decreto de emergencia para demolerla, indicó que de haberse ejecutado de forma subsidiaria el procedimiento sería más largo y «ante la urgencia no se podía esperar». «Si este señor que está sentado aquí [en referencia a sí mismo] no hace nada para evitar que caiga un muro sobre un ciudadano, iría a la cárcel», afirmó el alcalde, que añadió que había quejas vecinales por el riesgo de derrumbe.
Al preguntarle sobre el informe de un arquitecto municipal del 20 de julio —en el que aconsejaba apuntalar el edificio, vallar la zona y poner una red para evitar la caída de cascotes—, dijo que «el Concello actuó donde pudo» y se procedió a cercar la propiedad. La fiscala hizo referencia a un documento posterior, del 27 de julio, elaborado por el mismo arquitecto, Alejandro Montero, en el que propone declarar la «ruina económica y técnica de la casa » y recoge que previamente a ejecutar cualquier intervención o la demolición es precisa la autorización de la consellería. Recuerda que la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia considera infracción muy grave actuar sin actualización previa. Sin embargo, el regidor de Oleiros sostiene que «al no tratarse de un bien de interés cultural, no era obligatoria la autorización de Patrimonio, solo la de comunicarles la medida». El alcalde también apuntó que entonces la casa Carnicero ya no existía como tal: «Hablamos de una ruina, no de un edificio».
«Los muros se deshacían»
La fiscala recordó que Patrimonio envío en agosto un escrito con los pasos a seguir tras el incendio. «El expediente se realiza y, como indicaron, se requiere a los propietarios que tomen las medidas, pero no lo hacen aunque se lo indicamos en más de una ocasión», defendió García Seoane, que argumentó que ante la pasividad de los dueños, «que no podían hacerse cargo», se firmó el convenio de cesión de la casa al Concello.
El otro acusado, el arquitecto de Obras Públicas, Jose Luis Jares —encargado de ejecutar la obra— declaró que «los muros se deshacían» y que había un riesgo elevadísimo de desplome». Además, preguntado sobre las opciones de rehabilitar la casa si no se hubiera derribado, dijo que «serían las mismas».
En la sesión intervinieron como testigos Alejandro Montero, arquitecto municipal de Urbanismo; María José Valera Neira, teniente de alcalde y responsable de Urbanismo; José Manuel López Hernández, arquitecto técnico; Manuel López, de la empresa López Cao, y Gloria de la Montaña Alcántara García, asesora jurídica del Concello en el 2020. Coincidieron en que la casa estaba en ruinas tras el fuego, por lo que no podía rehabilitarse.
En contraposición, Alberto Fuertes Valcárcel, arquitecto especialista en modernismo, declaró que «se podía apuntalar el edificio y rehabilitarse en el futuro».