Buena parte de las compañías beneficiarias no depositan sus cuentas en el registro desde hace años
07 oct 2007 . Actualizado a las 02:00 h.El cambio de filosofía introducido este año en la distribución de las subvenciones que la Xunta otorga al cine y al sector audiovisual gallego ha propiciado que compañías sin estructura empresarial y que apenas generan empleo estable hayan sido, sin embargo, las más beneficiadas en el último reparto realizado por la Administración autonómica. La apuesta por el proyecto, en lugar de valorar conjuntamente la idea y las posibilidades reales de llevarla a cabo, ha cambiado el modo en que se distribuyen dichas ayudas, propiciando el nacimiento repentino de empresas, la mayoría de ellas sin personal fijo, y que como otras muchas de pequeño tamaño, no depositan sus cuentas en el Registro Mercantil.
Los prácticamente diez millones de euros que la Xunta repartirá este año para ayudar a la producción, desarrollo, guiones, estreno, difusión o distribución de proyectos audiovisuales, entre otras acciones, recaerán en empresas que tienen en plantilla tres o menos trabajadores, según los datos de las asociaciones del sector audiovisual gallego. De hecho, 43 de las 59 empresas subvencionadas por la Xunta reciben el 62,7% de las ayudas que otorga el Gobierno.
Empleo no primado
En el extremo contrario, las once compañías gallegas que superan los diez empleados en sus plantillas, que en los tres casos más notables llegan a 123, 82 y 60 trabajadores con contratos estables, han obtenido tan solo el 23,5% de las subvenciones. Diez de esas once firmas con más empleados son las únicas que han facturado en el último año más de un millón de euros, pero dicha actividad no les ha servido para recibir más apoyo de la Administración en la asignación de sus subvenciones, ya que en total absorben solo el 23% de las ayudas.
Esa situación ha propiciado un notable malestar en las asociaciones profesionales del audiovisual gallego, así como en las agrupaciones empresariales, que entienden que se está dejando de respaldar al sector como un núcleo industrial para primar su componente cultural.
Asociaciones como las que agrupan a los productores gallegos consideran que «el audiovisual es ante todo una industria, no un sector filantrópico que amplía la base cultural de un país por amor al arte. El audiovisual es una industria y como tal tiene que ser tratada por la Xunta, como ocurre con el textil o el automóvil. Las ayudas y apoyos oficiales deberían ser canalizadas exclusivamente desde la Consellería de Industria», señalan productores gallegos, que no entienden además cómo los fondos públicos son repartidos desde Cultura, Presidencia, Industria o TVG sin coordinación alguna, cuando no con enfrentamiento entre distintos estamentos de la Administración.
Ayudas arbitrarias
Los profesionales requeridos entienden mayoritariamente que las subvenciones deberían depender de un mecanismo automático «y dejar de estar sujetas a la arbitrariedad de los miembros de las distintas comisiones que forma la Xunta para tal objeto», señala por ejemplo el productor Pancho Casal, presidente de Continental Producciones y vicepresidente del Clúster Galego do Audiovisual. Para el que fue uno de los fundadores de la Asociación Galega de Productores Independientes (Agapi), las ayudas deberían dejar de ser un elemento tan arbitrario y «otorgarse a proyectos cerrados y con todo el resto de la financiación garantizada, estando ese proyecto y esa empresa sujetos a las auditorías que se determinasen para garantizar el buen uso de los fondos públicos recibidos», señala Casal.
Posible picaresca
Las empresas de mayor trayectoria en el sector consideran que la voz de los expertos en los que la Xunta deja la elección de los proyectos a los que subvencionar debe ser tenida en cuenta como opinión, pero no como criterio único. «Que determinadas personas que han recibido ayudas u opten a ellas sean las que deciden quién se lleva las subvenciones a guiones, producción, desarrollo, estreno y demás no deja de ser una vía para que se den posibles picarescas, que podrían evitarse con un sistema reglado y automático de concesión de las ayudas públicas», proponen.
Esa picaresca es también argumentada a la hora de señalar a multitud de empresas surgidas desde el cambio de filosofía de entrega de las subvenciones, hasta el punto de que 16 de las 59 compañías beneficiadas han sido creadas desde enero del 2006. La mayoría de ellas son unipersonales o denominadas como de persona física, «muchas de ellas de funcionarios que prueban suerte en su vocación, o incluso de personas relacionadas directamente con la Administración», señalan fuentes del sector.