Le acusan de ocultar los presuntos manejos de Castaño en la fundación
24 ago 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La escritora y fotógrafa iriense Lola Ramos ha ratificado su denuncia contra Camilo José Cela Conde, hijo del escritor y premio nobel de literatura, y su abogado, José Costa Pantoja, por omisión de denuncia con engaño de intencionalidad, ocultación y omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional.
A ambos les acusa de haberla engañado durante ocho años, tiempo durante el que Ramos asegura que Cela Conde y su letrado le aseguraron que incorporarían a su denuncia por la herencia del escritor contra su viuda, Marina Castaño, las averiguaciones y la abundante documentación que había reunido respecto a las presuntas irregularidades en la fundación mediante la creación de sociedades interpuestas para lograr devoluciones del IVA que no le correspondían legalmente.
Ya en el 2004, Lola Ramos llegó a un «pacto de honor» con Cela Conde para no presentar ninguna denuncia sobre las sociedades interpuestas. A cambio, el hijo del escritor incluiría el fruto de sus investigaciones a su reclamación contra Marina Castaño por la herencia de su padre.
Ramos posee documentación que considera demuestra que Castaño utilizó una firma, Letra y Tinta SL, para camuflar presuntamente los derechos de autor de Cela y para crear una sociedad interpuesta, Lengua y Literatura AIE, con la que obtener devoluciones del IVA.
En el 2009, durante el juicio celebrado en Madrid por la herencia de Cela, Ramos descubrió que el hijo del escritor no había cumplido su palabra. Se sintió engañada y optó por denunciar lo que había averiguado ante la Fiscalía, que dio curso a su denuncia y acusó a Marina Castaño por estafa y malversación.
Posteriormente, en enero del 2012, presentó la denuncia contra Cela Conde y su letrado por omisión de denuncia que ratificó los pasados 18 y 19 de este mes tras comparecer en los juzgados de Padrón, donde presentó un escrito de seis folios en el que relata todos los hechos y en el que solicita una indemnización por daños y perjuicios. No solo los suyos personales, sino también porque en los ocho años transcurridos sin denunciar los hechos algunos delitos pueden haber prescrito.