Para que el mundo ultra pase a mejor vida es imprescindible que se produzca un primer paso: la repudia social. Solo desde la reprobación absoluta de la ciudadanía a esos grupos violentos que cobijados tras un balón alteran nuestra convivencia podremos solucionar este problema.
A tenor de la encuesta de Sondaxe, parece que los gallegos tienen claro que no quieren bandas que pongan en peligro la seguridad de todos. Incluso en A Coruña, donde todavía hay una gran controversia alrededor de los Riazor Blues, los encuestados se muestran mayoritariamente partidarios de su disolución.
Y es que ahí está la clave, en ser implacables con la violencia cercana. Ningún grupo violento tendrá futuro si no es amparado en su ciudad por aquello de que defienden el escudo y los colores amados por la mayoría.
El segundo paso para acabar con la violencia en el fútbol está en los clubes. Si las entidades no cobijan a estos elementos, lo tendrán francamente difícil para existir.
En tercer lugar están las diferentes administraciones. Cada uno en la medida de sus posibilidades y obligaciones, debe actuar con mano firme y de forma constante. Bien sean los organismos del Estado, bien las autoridades deportivas. Será difícil acabar con la lacra de la violencia en el fútbol si aparecen disidencias como la de Ángel María Villar, que es capaz de anteponer sus intereses o antipatías personales al objetivo real, que no es otro que defender a la ciudadanía. Hasta Tebas, el omnipresente y polémico presidente de la Liga, no perdió ni un segundo en transmitir un mensaje contundente contra la violencia. Lo mismo Miguel Cardenal, el secretario de Estado para el deporte, que varió su agenda y se dedicó en cuerpo y alma a intentar que lo que sucedió en Madrid Río sea un punto y aparte en la relevancia de los grupos ultras en el fútbol español. Villar, en cambio, va por otra senda. Y pone en peligro los logros que se están alcanzando.