Uno de los conflictos éticos de mayor calado y complejidad, que se puso de manifiesto durante la pandemia, es el relativo a si las vacunas deben ser o no obligatorias. Se produce una colisión entre dos de los principios clásicos de la bioética: por un lado nos encontrarnos ante el principio de autonomía que hace referencia a la libertad del individuo para tomar decisiones relativas a su salud y, por otro, se halla el principio de justicia que está en relación con el bien común, es decir, con compartir o distribuir de forma equilibrada tanto los beneficios de los recursos derivados de la cooperación social como los inconvenientes necesarios para generar dichos recursos.
Se esperaba que los grandes beneficios de las vacunas anticovid fueran la protección individual a padecer la enfermedad y, consecuentemente, a no contagiar al entorno, junto con la inmunidad colectiva o de rebaño al llegar a un determinado dintel de población vacunada. Desgraciadamente, a medida que pasaron los meses, se comprobó que no se cumplían estas expectativas. Esta realidad, los posibles efectos adversos (aunque leves en su gran mayoría) de las vacunas y la errónea consideración de que son «tratamientos experimentales» son los principales argumentos a los que aluden, apelando al valor libertad, los que rechazan la inmunización.
Sin embargo, las vacunas sí han demostrado que disminuyen significativamente la gravedad y la posibilidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos, de ahí que el valor justicia siga vigente en el sentido de que todos tenemos la obligación moral de utilizar bien unos recursos que son caros y escasos y que, en consecuencia, pueden colapsarse y no llegar para todos los que los necesiten. En este sentido, otro problema ético, también complejo, es determinar la actitud a tomar con los individuos que son negligentes con sus cuidados de salud. Un ejemplo paradigmático es si se debe incluir en un programa de trasplante hepático a un paciente con cirrosis que continua bebiendo alcohol.
Las recomendaciones éticas tratan de evitar los cursos extremos ya que decantarse por uno de estos lesiona el principio «antagónico». Habitualmente, la propuesta óptima y prudente es la intermedia. Para ello, se deben analizar los hechos concretos, particulares de cada caso y no de forma global. Tendrá una consideración diferente un territorio donde la tasa de vacunación sea ínfima y las UCI estén colapsadas, en relación con otro que se caracterice por una tasa de vacunados cercana al 90 %. Por supuesto, también es necesario tener en cuenta las consecuencias derivadas de la decisión. La imposición de la vacunación podría ser difícil de implementar (¿qué hacer con los que se niegan aún siendo obligatoria?) y, por otra parte, también puede ocurrir que genere un mayor rechazo.
En este conflicto, uno de los posibles cursos intermedios podría ser la obligatoriedad únicamente en determinados colectivos como, por ejemplo, el de los sanitarios. La justificación vendría dada por el riesgo de colapso del sistema de salud si enferman gravemente un gran número de sus trabajadores. No menos importante es la función ejemplarizante: es una evidencia que las actitudes y forma de vida, en este caso la adopción de hábitos saludables, de los profesionales sanitarios y de las personas que son referentes sociales, tienen una gran influencia e impacto en la adopción de modelos o modos de vida por parte de toda la colectividad. En este sentido, es de gran trascendencia la inmunización de, por ejemplo, los políticos, los actores, y, sin duda, de los deportistas de élite. Un personaje público que no se vacune y haga proselitismo de ello tiene unas consecuencias tremendamente amplificadoras del rechazo. De ahí que también puedan contemplarse como cursos intermedios la obligatoriedad de la vacunación para competir en una prueba deportiva, interpretar una obra de teatro, cantar en un concierto o impartir una conferencia.
Rosendo Bugarín es médico de familia.
