La Audiencia Nacional considera que hubo «acción criminal» para hacerse con el control del equipo andaluz
16 ene 2024 . Actualizado a las 17:26 h.El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio contra el Granada CF y su expresidente Quique Pina por un supuesto fraude a Hacienda entre el 2013 y el 2015, y les ha impuesto fianzas millonarias para hacer frente a posibles responsabilidades económicas que se deriven de la causa.
En su auto, el magistrado requiere a los cinco acusados que presten una fianza de 9,4 millones de euros con carácter conjunto y solidario, y solicita otras de modo individualizado, que en el caso del club asciende a cerca de 36 millones de euros.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional deja a un paso del banquillo al club, al exjugador, empresario y agente de futbolistas Quique Pina, que fue detenido en el 2018, y a otros tres imputados en la causa en la que se les ha investigado por diversos delitos contra Hacienda y en la que la Fiscalía ha concluido que existió un «plan criminal» para tomar el control del Granada CF en el 2009.
Los otros tres investigados contra los que se dirige el auto son el empresario italiano y antiguo propietario del club Gino Pozzo; Raffaele de la Riva, gestor de la sociedad de inversión Fifteen Securisation SARL; y el exconsejero del Granada CF Jordi Trilles.
El magistrado ha abierto juicio contra Pina y los otros tres investigados por presunto delito agravado contra Hacienda relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios del 2013, 2014 y 2015, en relación a una «defraudación superior a los 600.000 euros».
En el caso del Granada CF, Sociedad Anónima Deportiva, decreta la apertura de juicio por la supuesta «comisión de tres delitos agravados contra la Hacienda Pública cometidos por persona jurídica» relativos al mismo impuesto y a los mismos ejercicios.
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que condene al Granada CF «como persona jurídica penalmente responsable» a una multa de 26,9 millones de euros; mientras que para el resto de acusados solicita 12 años de cárcel.
En su escrito de conclusiones provisionales describe «la ejecución de una compleja estrategia» trazada por los investigados, que «les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio» de Hacienda.
Era, dice la Fiscalía, un «complejo plan» que «partía de la necesidad de acometer la toma del control» del Granada CF en el 2009, cuando estaba en Segunda B y pasaba por «dificultades financieras», algo que habría conseguido Gino Pozzo mediante un «conjunto de estructuras opacas».
El club superó el concurso de acreedores y «ya bajo el pleno control de los acusados, inició el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva»; después, explica la Fiscalía, comenzó a materializarse la «la estrategia de defraudación», que consistía en que el Granada CF no tributase el Impuesto sobre Sociedades por las plusvalías que pudiera obtener con los traspasos de sus jugadores.
Por su parte, la Abogacía del Estado, solicita penas de entre 3 y 4 años de cárcel por cada uno de los delitos contra la Hacienda de los que se les acusa, y en el caso del Granada CF, pide el cuádruple de la cuota defraudada por cada delito, así como la «la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas o de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social» durante 4 años.