El exciclista colombiano Lucho Herrera, investigado por el asesinato de cuatro campesinos en el 2002
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Tres exparamilitares aseguran que el ganador de la Vuelta a España de 1987 acordó con un grupo criminal la desaparición y asesinato de los labriegos
23 abr 2025 . Actualizado a las 11:22 h.Lucho Herrera está en problemas. La Fiscalía colombiana ha comenzado una investigación contra el célebre ciclista del país cafetero por el asesinato de cuatro campesinos, vecinos suyos, en el año 2002, una de las épocas más convulsas del conflicto armado colombiano.
Tres exparamilitares aseguran que el ganador de la Vuelta a España de 1987 acordó con un grupo criminal la desaparición y asesinato de los labriegos. El deportista, de 63 años, habría identificado a las víctimas como guerrilleros de las FARC, pero los mismos exparamilitares aseguran que, en realidad, no eran miembros de ese desaparecido grupo subversivo y que el objetivo de Herrera habría sido despojar a los campesinos de esas fincas.
Los paramilitares pertenecían al grupo Autodefensas Campesinas del Casanare y operaron entre el 2002 y el 2003 en la región del Sumapaz, cercana a la capital, Bogotá, donde se produjeron los crímenes. Según su declaración, se habrían reunido personalmente con el ciclista, ganador en los años ochenta del premio de la montaña en las tres grandes vueltas europeas.
«El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila. En uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar. Y en el otro sobre había cuarenta millones de pesos colombianos (unos 14.800 euros en aquella época) y nos dice que son, si queremos, para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él», declaró el exparamilitar Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, condenado recientemente a 22 años de prisión por los asesinatos.
Los exparamilitares declararon a un juzgado de Fusagasugá que secuestraron a las víctimas, las degollaron, las descuartizaron y las enterraron en una fosa en Silvania, localidad situada a 69 kilómetros de la capital, Bogotá.
«Luego se supo que esas personas no eran milicianas de la guerrilla, sino que no quisieron venderle las tierras a Lucho Herrera y que por eso fue que los mandó recoger. La familia de las víctimas dice que en ningún momento los desaparecidos eran milicianos de la guerrilla», añadió en su declaración Ojitos.
La jueza encargada del proceso contra los exparamilitares ordenó compulsar las copias de las declaraciones ante la Fiscalía y eso detonó la investigación contra Herrera, primer latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia, en 1984.
Los fiscales han ordenado para esta semana labores de exploración y exhumación en los terrenos de Silvania donde estarían enterrados tanto los cuatro campesinos como otras diez víctimas del grupo paramilitar y que, según el diario El Tiempo, abarcaría terrenos de la finca de Herrera. Ayer se conoció que esos trabajos ya se habían iniciado.
El ex ciclista se ha defendido de las acusaciones. «Voy a dar todas las explicaciones a las autoridades, pero puedo asegurar que soy ajeno a los hechos que se noticiaron», señaló en declaraciones a la emisora colombiana W Radio.
Herrera lanzó también un comunicado público señalando que «la investigación se origina en declaraciones de personas condenadas anticipadamente por delitos graves y que, tras acogerse a sentencias negociadas, señalan mi supuesto involucramiento. Se trata de individuos pertenecientes a estructuras armadas al margen de la ley, cuyas afirmaciones rechazo con absoluta contundencia».
«Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna», añadió Herrera, quien fue secuestrado en el año 2000 por la guerrilla de las FARC y liberado al día siguiente.
El ciclista asegura que se ha puesto a disposición de la Fiscalía «para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley» y que dará declaraciones a los medios «una vez se conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco y pueda demostrar mi total inocencia».
Este caso es uno de los cientos que están saliendo a la luz en los últimos años, después de la desmovilización tanto de las FARC como de numerosos grupos de paramilitares, en un país donde decenas de miles de personas buscan justicia por lo sucedido en durante un conflicto que se ha extendido por seis décadas y que continúa en las áreas rurales del país.