Ocho años en lucha por talar los pinos que cercan su casa en A Estrada: «Es un polvorín»

Hace ocho años que Ricardo Arroyo y su mujer, Susana Couto, cambiaron Venezuela por Galicia para disfrutar de la paz de la aldea. Se instalaron en el lugar de A Granxa, en la parroquia de Arnois (A Estrada), de donde era originario el padre de Susana y donde había construido una casita para disfrutar su retiro tras media vida trabajando al otro lado del Atlántico. Ricardo y Susana siguieron sus pasos y, en el año 2017, se mudaron a la vivienda familiar de A Granxa. Rodeada de paz y naturaleza, parecía el hogar perfecto para quien busca tranquilidad. Solo tenía un pequeño inconveniente: el monte a la puerta de casa.

La familia, amparada por la ley que prohíbe la existencia de árboles de especies pirófitas a menos de 50 metros de los núcleos habitados, enseguida inició los trámites para conseguir que se talasen los árboles. De hecho, incluso antes de su llegada, un familiar hizo las primeras gestiones. En el 2017, ya instalados, Ricardo y Susana tomaron el relevo. Ante la falta de soluciones, en el 2020 iniciaron una campaña intensiva de solicitudes formales, requerimientos y denuncias en todas las instancias que pudieron para tratar de desterrar el problema. Sin embargo, todavía no lo han conseguido.

«Los árboles se encuentran a escasos cinco metros de la vivienda, incumpliendo la normativa que exige que estén alejados al menos 50 metros. En su mayoría son pinos, que pueden superar los diez metros de altura», explica Ricardo Arroyo. «La parcela se encuentra en una situación de total abandono y con un crecimiento de árboles y vegetación descontrolada. Esto implica peligros tanto en verano como en invierno. Ahora por el riesgo de incendios, pero en el invierno también por las ventiscas y tormentas que podrían provocar la caída de árboles de gran tamaño sobre la vivienda, causando graves daños materiales o personales», comenta el afectado.

El propietario, ¿en Cuba?

La responsabilidad de la tala la tienen los propietarios de la parcela pero, como sucede en cientos de casos, los dueños no han podido ser localizados. «Lo único que conseguimos saber es que el dueño en el año 2014 estaba en Cuba, pero ni fue posible contactar con él ni se sabe si sigue vivo», lamenta el vecino.

Cuando el propietario de la parcela no llega a ser localizado o no asume la tala, la ley obliga a la administración a realizar una ejecución subsidiaria. Sin embargo, la burocracia es lenta y la tala puede tardar años. Es lo que está sucediendo en este caso.

«En el 2020 solicitamos la actuación al Ayuntamiento de A Estrada y como no se dio una solución en el 2022 realizamos otra solicitud. También denunciamos en el Seprona. Desde entonces hemos hecho una visita cada dos meses al Ayuntamiento para conocer la situación de la denuncia. Las dos o tres últimas veces nos indicaron que Seaga era quien se iba a encargar de la situación, pero los árboles siguen sin talar», lamenta el estradense.

La familia afectada incluso planteó la posibilidad de asumir la tala de los árboles para desterrar los riesgos, pero desde la administración les indicaron «que es imposible por ser una parcela privada». «Ahora yo les pregunto: ¿Es más importante el derecho de mantener una parcela en total abandono creando un potencial peligro a su entorno por ser de carácter privado, o nuestro derecho a vivir en tranquilidad y en el marco normativo legal?», plantea Ricardo Arroyo.

El afectado asegura que la persistencia del problema está generándoles a diario problemas de ansiedad, estrés y nerviosismo. «Aunque este año de momento estamos teniendo suerte, cuando hay incendios tenemos miedo y, cuando hace mucho viento, también. Esto es un polvorín», dice Ricardo Arroyo preocupado.

A Estrada impulsará una inspección de los desbroces

El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, reconoce que hacer cumplir la normativa de prevención de incendios es complejo, especialmente cuando, como en este caso, resulta imposible contactar con los propietarios de las parcelas afectadas. «Hai moitas casuísticas. Hai propietarios que non chegan a recibir as notificacións porque están mal os datos no catastro, outros nos que non hai interlocutor ao que dirixirse... Nestes caso hai que esgotar a vía administrativa primeiro e, se o propietario non actúa, o Concello pode facer unha execución subsidiaria. Nós temos un convenio co Seaga, que é o que se encarga de facer as inspeccións, de facerlle os requerimentos aos propietarios que teñen que facer limpiezas, de inspeccionar novamente e de facer as execución subsidiarias», explica.

El regidor recuerda que este año se han enviado más de 10.000 requerimientos de limpieza a los titulares de fincas en las franjas de protección de los núcleos rurales. «Os incendios apáganse no inverno», dice. Al principio, se les dio de plazo hasta el 30 de mayo para realizar las talas y desbroces, pero luego se flexibilizó la inspección porque la avalancha de requerimiento saturó las empresas de este tipo de servicios. No obstante, antes de que termine el otoño, el Concello pedirá a Seaga que haga una inspección general para valorar el cumplimiento de aquellos más de 10.000 requerimientos. «Para os que non desbrozaron haberá un segundo requerimento e, senón, chegaremos ás multas e á execución subsidiaria», advierte Louzao. «Queda moito por facer, pero este ano estamos mellor ca o pasado», asegura el alcalde estradense.

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