El 2023 cerró con dos inmuebles derribados por irregularidades

David Cofán Mazás
David cofán A ESTRADA, LALÍN / LA VOZ

CERDEDO

cedida

La Axencia de Protección e Legalidade Urbanística actuó en los concellos de Silleda, A Estrada y en Cerdedo-Cotobade ordenó la demolición de dos contenedores de obra

07 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

A lo largo del último año la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) actuó en tres ocasiones en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes con el objetivo de velar por la utilización racional del suelo sancionando aquellas construcciones que cuentan con irregularidades. Principalmente se trata de elementos fuera de ordenación en el ámbito rural, desde viviendas sin terminar a algún galpón, e incluso otras más curiosas como la presencia de una autocaravana. En este 2023 todas se enmarcaron en suelo rústico y consistieron en la demolición de dos inmuebles, uno en A Estrada y otro en Silleda, así como el derribo de dos contenedores de obra en Cerdedo-Cotobade.

El organismo autonómico ordenó eliminar en Silleda una vivienda prefabricada sobre un solar de hormigón. La tipología de esta edificación es de uso residencial y su demolición se produjo el 31 de marzo, siendo la primera consumada en la zona. Casualmente, el 20 de junio se realizaron los dos siguientes y últimos derribos. En el caso estradense se trataba también de una edificación de uso residencial en un área rural, mientras que en la parte de Cerdedo se eliminó la existencia de dos contenedores de obra.

A pesar de ello, el año pasado no fue de los de mayor actividad en la zona, siendo superado con creces en el 2022, cuando en total la APLU tuvo que actuar en seis construcciones: dos en A Estrada, otras tantas en Vila de Cruces y una en Rodeiro y Agolada. En los cuatro primeros casos se trató de inmuebles para uso residencial levantados en suelo rústico, uno de ellos con tan solo el semisótano levantado. Además, se erradicó un cobertizo levantado para uso de garaje en Rodeiro, así como un edificio de planta baja con solera en Agolada, que se irguió en su momento.

Casi una veintena en un lustro

En los últimos cinco años el número de construcciones demolidas fue de 17. Una cifra muy elevada ya que supone cerca del 80 % de las llevadas a cabo en la última década, que fueron 22. En este sentido, en el 2021 hubo tan solo tres casos, repitiendo Vila de Cruces, A Estrada y Cerdedo-Cotobade.

En el 2020, cuando estalló la pandemia de coronavirus, el trabajo de la APLU se redujo considerablemente en toda Galicia, y por ende, en las comarcas. De hecho, solo actuó erradicando una estructura metálica en una finca de Cerdedo-Cotobade, en el lugar de Campodanta.

De hecho, en el 2019 el ritmo de demoliciones fue similar al de lo últimos años, consumándose un total de cinco. De nuevo A Estrada y Vila de Cruces fueron protagonistas con cuatro derribos y Cerdedo con uno. Precisamente en el concello de Terra de Montes se produjo uno de los casos más sorprendentes al atenderse la denuncia de un particular por una instalación de una caravana convertida en casa.

Lalín, Forcarei y Dozón son los únicos municipios en los que no hubo actuaciones

En los últimos años no se han realizado actuaciones de este tipo a través de la APLU en tres concellos de las comarcas: Lalín, Forcarei y Dozón. Hasta este año Silleda engrosaba esta lista libre de infracciones. Desde el 2013, que es a la fecha a partir de la cual el organismo autonómico empieza a publicar el conteo de las irregularidades urbanísticas en el territorio, ninguno de estos tres concellos apareció en los listados anuales.

En cambio, los concellos de A Estrada y Vila de Cruces son los que cuentan con más casos investigados. Entre los dos suman once, que supone el 64 % del total en los últimos cinco años y solo con las demoliciones del lustro ya conforman exactamente la mitad de todas las infracciones corregidas en la última década. Cerdedo-Cotobade es el tercero con cuatro casos en cinco años.

Por otra parte, Forcarei es el único municipio que rubricó el convenio con la APLU, adhiriéndose al convenio en el 2011. El resto de los concellos declinó sumarse a una entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.