Forcarei aprueba una modificación del contrato del SAF que el PP y Fiestras ven ilegal

La Voz A ESTRADA / LA VOZ

FORCAREI

15 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Concello de Forcarei aprobó este viernes una modificación del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que le permitirá mantener el servicio pero que tanto el grupo municipal del PP como el edil no adscrito, Rafael Fiestras, consideran ilegal.

La empresa que presta el servicio desde el 16 de septiembre del 2020 acabó su contrato con el Concello en septiembre del 2023 y le advirtió de que con las tarifas vigentes no era capaz de hacer frente al servicio. Aún así, el contrato fue prorrogado, con la promesa por parte del Concello de lanzar en septiembre del 2024 una nueva licitación con precios actualizados que al final no se produjo. No obstante, se pactó continuar con el servicio indefinidamente hasta que se produjese una nueva licitación cobrando igualmente los precios actualizados. Sin embargo, hasta la fecha, la empresa no llegó a percibir los incrementos acordados, por lo que comunicó al Concello que, si no empezaba a cobrar lo pactado, este 15 de marzo dejaría de prestar el servicio.

El Concello emprendió entonces una modificación del contrato del SAF que ayer —justo en la víspera de la suspensión del servicio anunciada por la empresa— fue aprobada en un pleno extraordinario. La aprobación pudo salir adelante gracias a los votos a favor del PSOE (4) y del BNG (1). El PP votó en contra, pero solo asistieron a la sesión plenaria cuatro de sus cinco ediles. Las ausencias intencionadas de la portavoz popular, Belén Cachafeiro, y del edil no adscrito, Rafael Fiestras, permitieron aprobar la modificación del contrato para que la empresa pueda hacer frente a la subida de los costes salariales y los 69 usuarios del SAF puedan seguir atendidos.

No obstante, tanto el PP como el edil no adscrito consideran que la modificación aprobada en la sesión plenaria de ayer es ilegal por dos motivos. En primer lugar porque la ley no permite modificar al alza un contrato caducado y prorrogado, sino que obliga a lanzar un nuevo concurso conforme a las nuevas tarifas. En segundo lugar, porque la medida supondrá un incremento del coste del servicio de 507.000 euros para el que no hay consignación presupuestaria.