Asuntos Internos desmanteló en Lalín hace 24 años una red que proporcionaba los test para las pruebas de ingreso en el cuerpo pero el proceso judicial duró una década y acabó con todos los implicados absueltos
05 nov 2024 . Actualizado a las 10:25 h.Hace 24 años, Lalín saltaba a los titulares con el resultado de una investigación realizada por el departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil que destapaba una red que vendía exámenes para ingresar en el cuerpo de la Benemérita. La operación estuvo dirigida por dos altos cargos de este departamento que se desplazaron a Lalín para llevar personalmente las pesquisas trabajando, contábamos en estas páginas el 3 de noviembre del año 2000, «con el máximo secreto».
La investigación apuntó a Tomás Pereira, ex concejal de Medio Ambiente en Lalín, y a su padre. Se les achacaba hacerse, presuntamente, con los test de ingreso a la Guardia Civil antes de que se celebran los exámenes. El siguiente paso, según la investigación, había consistido en colocarlos en una academia de la localidad para que esta pudiera ofrecérselos a los candidatos a entrar en las filas de este cuerpo de seguridad del Estado por lo que la investigación incluyó al dueño de una academia lalinense.
La labor de Asuntos Internos en Lalín se relacionó con el escándalo que unas semanas antes había saltado en Madrid con la posible venta de los exámenes para el ascenso a las categorías de sargento y alférez. El caso salió a la luz después de que un agente de Canarias reconociese haber comprado el test de la oposición a otro guardia civil.
La investigación llevada a cabo en Lalín cifraba en ese momento entre 20 y 35, las personas que podían haber comprado los exámenes. Al parecer, estos habrían abonado entre 500.000 (3.000 euros) y dos millones de las antiguas pesetas (12.000 euros) ya que, supuestamente el precio variaba según la capacidad económica de los presuntos compradores. Unas cantidades que se repartirían entre los implicados en la trama.
Poco después se conocía que la red desmantelada en Lalín tenía conexiones con la trama en Madrid y en Canarias. Al parecer solo una docena de miembros del cuerpo armado tenían acceso a los test. Tomás Pereira y su padre quedaron en libertad tras prestar declaración en el juzgado.
La investigación dio origen a un largo proceso judicial que se prolongó durante diez años. En el 2010, las sentencias eran ya firmes y el caso se cerró definitivamente con la absolución de todos los implicados. La razón fue que se consideró que la declaración inicial de una persona en Canarias vulneró sus derechos fundamentales, lo que hizo que se acabaran considerando nulas todas las actuaciones posteriores.
En noviembre del 2000, representantes de la asociación de guardias civiles Coproper, se quejaban en Lugo de la tardanza en actuar alegando que los hechos había sido comunicados por un agente en junio y en julio se habían desplazado a Lalín miembros de Asuntos Internos para tomar declaraciones. Aseguraban que Coproper investigaban el caso desde octubre y en esa primera semana de noviembre tenían previsto denunciarlo declarando que «da la impresión de que la Guardia Civil sabía nuestros movimientos y decidió dar ese paso apresurado».
El 9 de noviembre se publicaba que la Guardia Civil recibiera ya en 1995 las primeras pruebas de la venta de sus exámenes de ingreso y promoción interna. La denuncia había partido de una academia privada de Palma de Mallorca, aunque, apuntaba el entonces portavoz del instituto armado, Arturo Cuervo, en los archivos no constaba que ese año se abriese una investigación.
El 11 de diciembre del 2000, el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lalín tomaba declaración a diferentes personas que supuestamente podrían estar relacionadas con la trama y el 9 de enero del 2001 se conocía que la red desmantelada afectaba a siete agentes. En la capital dezana seguían siendo dos los implicados: Tomás Pereira y su padre. La investigación estuvo dirigida por el Juzgado número 2 de Lalín y el 7 de Las Palmas. A principios del 2001 el caso seguía bajo secreto de sumario.
Diez años después de destaparse la trama, en diciembre del 2010, se ratificaba la sentencia absolutoria de todos los imputados en el caso que ya era firme tras no haber sido recurrida por vía de casación ante el Tribunal Supremo. El caso acabó con quince imputados, varios de ellos de la comarca dezana, en un sumario que tardó una toda una década en resolverse.
La sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a todos los imputados en octubre del 2010. Un fallo en el que fue clave la declaración inicial de una denunciante de Canarias, que acabó como imputada. La vulneración de derechos fundamentales en aquella toma de declaración dio al traste con todo el proceso judicial, ya que la Audiencia consideró nulas las posteriores actuaciones judiciales.