Los tres ex consejeros del SCH que ayer declararon como testigos ante la jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios aseguraron que conocieron, tres meses después de firmarse, el acuerdo que permitió al ex copresidente del banco José María Amusátegui cobrar 43,75 millones de euros al dejar la entidad. Pese a que la jueza había acordado citar a siete ex consejeros del Santander Central Hispano, sólo acudieron el ex vicepresidente segundo del banco y ex presidente de Dragados, Santiago Foncillas; y los actuales presidentes de Campofrío y Abengoa, Pedro Ballvé y Felipe Benjumea. Los que declararon coincidieron al señalar que tuvieron conocimiento de los términos del contrato que daba vía libre al «premio de jubilación» de Amusátegui y la cuantía a la que ascendía, y explicaron que el desembolso se justificaba por la gran contribución que hizo al BCH durante su presidencia. Sin embargo, según fuentes jurídicas, los tres testigos señalaron que parte del dinero que se le pagó fue una «gracia» -gratuita y sin más mérito particular- otorgada por el otro copresidente de la entidad, Emilio Botín. En cuanto a la forma de contabilización de esas partidas, no aclararon si todas ellas se cargaron dentro de una especie de fondo de pensiones. Benjumea y Ballvé dijeron que conocieron el pacto al que Amusátegui había llegado con Botín en la reunión del consejo de administración que tuvo lugar el 17 de abril de 1999 (la primera tras la fusión) y Foncillas reconoció que se enteró unos días antes porque le informó el propio Amusátegui. En las reuniones que mantuvieron los consejos de administración del Banco Santander y el BCH el 15 de enero de 1999, los copresidentes, Emilio Botín y José María Amusátegui, respectivamente, no les informaron de este acuerdo, ya que les explicaron temas más generales de la operación y sus consecuencias. Los tres consideraron que este contrato estaba fuera de los pactos de fusión, aunque era una consecuencia de la operación.