La Justicia investiga a Botín y a Sáenz por apropiación indebida

La Voz COLPISA | MADRID

ECONOMÍA

21 ene 2006 . Actualizado a las 06:00 h.

El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y su número dos , Alfredo Sáenz, son investigados por la Justicia, junto a otra docena de personas -entre ellas, ocho directivos de la misma entidad financiera-, por la supuesta apropiación indebida de seis millones de euros. También se le imputan cuatro delitos: administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a los socios de su derecho de información. Los hechos se refieren a la compra del 45,3% de las acciones de Aguas de Fuensanta por parte de Banesto el 16 de marzo de 1999, cuando el banco estaba en pleno proceso de desinversiones industriales.? El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió a trámite el martes pasado la querella presentada por el abogado Antonio Panea Yeste. Como primeras diligencias, el magistrado ha requerido varios informes periciales y pruebas documentales, entre ellas las auditorías realizadas a Aguas de Fuensanta en los ejercicios de 1998 y 1999. De apreciar irregularidades, iniciaría la ronda de interrogatorios a los querellados, en calidad de imputados y acompañados de abogado.? Cuando se produjo la venta de la compañía, Banesto ya estaba integrado en el Santander -que lo compró tras ser intervenido por el Banco de España en 1993-, y era dirigido por Sáenz, ahora vicepresidente y consejero delegado de la entidad.? Los querellantes sostienen que tanto él como sus consejeros autorizaron una operación «perniciosa» para los intereses de los accionistas del banco, ya que se valoró en casi 12,3 millones de euros una sociedad con una deuda de 9,4 millones, frente a unos fondos propios de sólo 6,9 millones, y que además tenía pendiente con Banesto un crédito de otros tres millones. La acusación también pretendía que el juez extendiera sus pesquisas al político Rodrigo Rato, en razón de que era uno de los principales accionistas de la compañía de aguas, junto a su hermano Ramón, que sí será investigado. La decisión sobre el ex ministro se tomará cuando el juez sepa qué estatus jurídico tiene actualmente.