A El Juzgado de Primera Instancia de Santiago de Compostela ha acordado embargar de forma provisional las cuentas de Caja Madrid en el Banco de España hasta cubrir un importe de 23.000 euros. Se trata de la ejecución provisional de una sentencia que condenaba a la entidad financiera a indemnizar a un cliente como consecuencia de «una mala práctica en el uso bancario». Los hechos juzgados se remontan al mes de mayo de 1994, cuando la Delegación Provincial de Hacienda de Toledo realizó una transferencia a favor de la empresa de transporte Autocares Prados por valor de 13.622 euros, cantidad que se dirigió a una cuenta de una oficina de Caja Madrid en Aranjuez. Los fondos procedían del Ministerio de Justicia. En junio, se realizaron otros dos envíos de dinero por valor de 1.239 y 841 euros, procedentes en este caso del Ministerio de Educación. Sin embargo, esos fondos nunca llegaron a ser abonados en la cuenta de Autocares Prados. En la sentencia, el juez apunta que «se desconoce lo ocurrido con las transferencias», y recuerda que la entidad financiera, ante el Banco de España, «tampoco supo concretar qué ocurrió con dichas transferencias». Por todo ello, el juzgado llega a la misma conclusión que la autoridad monetaria: que Caja Madrid ha desarrollado «una mala práctica de los usos bancarios» y, en consecuencia, debe abonar a Autocares Prado el dinero desaparecido. El embargo Así, el juez condena a Caja Madrid a abonar el importe de las tres transferencias, que suman 15.703,70 euros, cantidad a la que hay que añadir 2.046,25 euros en concepto de intereses reconocidos en sentencia, más 5.353,25 euros presupuestados para intereses y costas. En total, unos 23.000 euros. El demandante solicitó la ejecución provisional de la sentencia, de la que se deriva el embargo de las cuentas de Caja Madrid en el Banco de España por ese importe. No es la primera vez que el propietario de Autocares Prado, Octavio Prados, provoca el embargo a Caja Madrid. En mayo del 2004, una jueza, también de Santiago, condenó a la entidad financiera a indemnizarlo con 192.000 euros, cifra a la que había que sumar otros 66.000 euros en concepto de daños físicos y morales. El motivo era el incumplimiento de un contrato, ya que la caja modificó el destino de un crédito concedido a su cliente y, según la sentencia, «actuó de forma negligente y con absoluta falta de diligencia». Otros bienes En el mes de julio, el demandante reclamó también la ejecución provisional de esta decisión judicial y señaló para el embargo dos oficinas que Caja Madrid posee en Santiago (ubicadas en la calle Hórreo y en el polígono de Fontiñas). Ante el escrito de oposición presentado por la entidad, la jueza pidió al demandante que señalase otros bienes. Entonces, se decretó el embargo de las cuentas de Caja Madrid en el Banco de España hasta alcanzar un importe de unos 366.000 euros (unos 60 millones de pesetas).