La Fiscalía Anticorrupción solicita además una multa de 43,5 millones de euros El caso Banesto ha salpicado también a ocho miembros de la comisión ejecutiva del SCH
07 sep 2006 . Actualizado a las 07:00 h.FIRMA CONVENIO. Emilio Botín se enteró de la noticia en Sao Paulo, donde se encontraba firmando un convenio sobre educación Emilio Botín, presidente del Banco Santander Central Hispano (SCH), tendrá que volver en breve al banquillo de los acusados, esta vez en el Juzgado de lo Penal de Santander. La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer en el juzgado la solicitud de apertura de juicio oral contra él y contra los ocho directivos de la entidad que preside que, como miembros de la comisión ejecutiva del Santander, autorizaron en el año 1994 la entrega del 1% de las acciones de Banesto a los 13 directivos a los que les fue encomendada la reflotación del banco tras ser intervenido por el Banco de España. Los nueve imputados son acusados de delitos contra la Hacienda Pública -fraude fiscal- y apropiación indebida por una cuantía cercana a los 11,8 millones de euros. Según el relato de hechos que recoge la acusación de la Fiscalía, el comité ejecutivo del Santander aprobó en 1994 a instancias de Botín la venta de 6,1 millones de títulos de Banesto a los 13 directivos que reflotaron la entidad, encabezados por Alfredo Sáenz, actual consejero delegado del grupo. La compraventa de los títulos se hizo a un precio y con unas condiciones de financiación muy ventajosas para los sustitutos del equipo de Mario Conde: 400 pesetas, frente a las 848 que valía entonces cada participación en Bolsa. La operación, según los fiscales, se articuló de tal manera que ni el banco ni sus beneficiarios cumplieron con su obligaciones fiscales con Hacienda entre 1994 y 1998. Además, sostienen que el Santander se ocupó de cubrir la mayor parte de la financiación y que utilizó al Bank of América como entidad pantalla para encubrirlo. Estos detalles de la transacción se ocultaron al Banco de España, Hacienda, al consejo de administración y a los accionistas. Junto a Botín, están acusados el entonces director financiero, Matías Rodríguez Inciarte, y el consejero delegado, Rodrigo Echenique, además de José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Juan Secades e Ignacio Benjumea. Anticorrupción también inculpa al director de recursos humanos, José María Espí, y al secretario del consejo de Banesto, Rodríguez Cantarero, como colaboradores. Penas alternativas La Fiscalía propone dos tipos de penas en función del Código Penal que se aplique, el de 1973 o el reformado de 1995, ya que los supuestos delitos se produjeron entre 1994 y 1998. Según el primero, les correspondería una pena de cárcel de cinco años y una multa de 4,3 millones de euros, mientras que con el segundo la pena debería ser de seis años y 40 millones. Asimismo, pide el pago conjunto de otros 9,8 o 13 millones, más los intereses de demora, como indemnización a Hacienda, de la que puede responder el Santander. La Agencia Tributaria comenzó a investigar los hechos en abril de 1999. En junio de ese mismo año, Rafael Pérez Escolar, consejero de Banesto cuando la entidad fue intervenida, y la asociación de consumidores Adicae se personaron como acusación popular y dieron comienzo al procedimiento judicial actual. Anticorrupción estima que el Santander debió hacer las retenciones tributarias correspondientes a las acciones que entregó en 1994. El Santander alega que los directivos tributaron por esas acciones cuando obtuvieron un beneficio real por ellas. Según su tesis, esto ocurrió en septiembre de 1998, cuando finalizó el saneamiento de Banesto y la entidad les liberó de las cláusulas que tenían los títulos, lo que en la práctica les permitía venderlos a precio de mercado. El banco, a su vez, consignó ante Hacienda la suma de 15,8 millones de euros, lo que excedía con mucho la cantidad reclamada.