La nueva querella que pesa sobre el banquero habla de 11 delitos El presidente del SCH está siendo investigado por quedarse con 4.500 millones de Banesto
16 oct 2006 . Actualizado a las 07:00 h.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha incoado diligencias previas para estudiar si admite a trámite una querella presentada contra el presidente del Santander Central Hispano, Emilio Botín, y otros 21 consejeros y ex ejecutivos de la entidad, entre ellos el actual miembro del consejo de administración y ex gobernador del Banco de España Luis Ángel Rojo, el ex presidente de Bankinter Jaime Botín; el actual consejero delegado del SCH, Alfredo Sáenz Abad, y Ana Patricia Botín, por la supuesta apropiación indebida de 4.507 millones de euros pertenecientes a Banesto. La demanda (de 189 páginas) fue interpuesta el pasado día 9 por el ex consejero de Banesto y condenado en el proceso abierto a raíz de la intervención de esta entidad en 1993 Rafael Pérez Escolar, quien acusa a los responsables del Santander de un total de 11 delitos: apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas. Pérez Escolar Reclama igualmente la responsabilidad civil subsidiaria de las sociedades mercantiles Banco Santander Central Hispano y Banco Español de Crédito, y de las auditoras Price Waterhouse Coopers y Deloitte. Acusaciones El que fue consejero de Banesto durante la época de Mario Conde denuncia, en concreto, «las maniobras urdidas por relevantes personalidades financieras y administrativas para disponer indebidamente en su propio beneficio de 750.000 millones de pesetas pertenecientes a Banesto, lo que, además del fraude causado a sus accionistas, lleva consigo un delito fiscal por más de 262.000 millones de pesetas. A lo que debe añadirse, entre otras graves infracciones penales, una gigantesca malversación de caudales públicos en beneficio del Banco Santander y de los propios querellados por un importe superior a los 327.000 millones de pesetas». A juicio del demandante, «se trata de cuestiones de excepcional gravedad cuya exposición se fundamenta tanto en numerosos documentos elaborados por las propias entidades afectadas como en antecedentes de diversa naturaleza que constan en oficinas y registros públicos». Ahora, Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, deberá decidir sobre esta querella, que llegó a sus manos por turno de reparto. El Banco de España intervino Banesto el 28 de diciembre de 1993 y cifró el agujero patrimonial en medio billón de pesetas. Cuatro meses después, el Santander se impuso en la puja al BBV y a Argentario y compró la entidad por 280.000 millones de pesetas.?