Exige que se rectifique el cierre obligado de cinco festivos al año para evitar una batalla judicial La Xunta aduce que su normativa es casi un calco de que la que está vigente en Cataluña
24 oct 2006 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno central está revisando con lupa el proyecto de ley sobre horarios comerciales de Galicia, que se está tramitando en el Parlamento, y de momento no parece agradarle lo que ve. Tanto es así que el Ministerio de Administraciones Públicas, del que es responsable Jordi Sevilla, ya se ha dirigido a la Xunta para advertirle que su pretendida regulación «no se ajusta a lo previsto en la normativa básica estatal», ya que, en su opinión, restringe la plena libertad horaria de la que disfrutan algunos establecimientos. Esta restricción que fija la normativa gallega, según deja entrever una carta remitida a la Xunta por el director general de Desarrollo Autonómico, Enrique Gómez Campa, podría dar lugar a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional que, cuando menos, obligaría a suspender de forma cautelar la aplicación de la nueva ley. Las objeciones que plantea la Administración del Estado se refieren a las que en su día también reflejaron el Consello Económico e Social (CES) y la propia asesoría jurídica de la Xunta, que en sendos informes advirtieron de que la aspiración de imponer un cierre comercial generalizado coincidiendo con los cinco principales festivos del año (1 de enero, 1 y 17 de mayo, 25 de julio y 25 de diciembre) podría ser inconstitucional. La carta firmada por Gómez Campa se detiene en lo que, a los ojos del Gobierno central, son los dos aspectos más controvertidos de la regulación comercial gallega, ambos informados desfavorablemente por el Ministerio de Industria. La primera objeción alude al intento de la Xunta de reducir el horarios los días 24 y 31 de diciembre, en los cuáles todos los comercios sin distinción deberán cerrar sus puertas a las ocho de la tarde para facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar. «Este inciso no se ajusta -señala la carta- a lo previsto en la normativa básica estatal», pues se impediría que los establecimientos que gozan de plena libertad puedan abrir sus puertas «sin limitación horaria». Dichos comercios son los que tienen menos de 150 metros cuadrados, las llamadas tiendas de conveniencia o de apertura nocturna, así como las situadas en concellos turísticos. La segunda objeción de Madrid tiene que ver con la anterior, pues también cuestiona que a los citados establecimientos se les obligue a cerrar los cinco principales festivos del año, cuando la ley estatal consagra su plena liberalización horaria. El Gobierno gallego, a través del departamento de Relacións Institucionais, que depende del vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, ha intentado despejar las dudas planteadas por el Gobierno central con los mismos argumentos expuestos ante el Parlamento por el conselleiro de Innovación, Fernando Blanco. Similar a Cataluña En su respuesta, la Xunta considera «sorprendente» que la Administración del Estado plantee objeciones al proyecto de ley gallego, pues aduce que «contiene una regulación sustancialmente similar» a la que plasma la normativa sobre horarios comerciales vigente en Cataluña, que el Gobierno central decidió no recurrir ante el Tribunal Constitucional tras alcanzar un acuerdo amistoso en el seno de la comisión bilateral formada por el Estado y la Generalitat catalana.? Y por si fuera poco, la Vicepresidencia de la Xunta apunta también que el proyecto gallego de regulación es simplemente eso, un proyecto, «un texto non definitivo» que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y que todavía podría ser modificado mediante las enmiendas de los diferentes grupos políticos. Eso sí, el conselleiro de Innovación ya dejó claro la semana pasada que en cuanto a competencias en materia de comercio, Galicia no puede quedar por debajo de otras comunidades.