Movimientos en el sector eléctrico La decisión salomónica sobre los derechos de ACS en la compañía vasca reaviva el culebrón energético y reabre el debate sobre la conveniencia de un «campeón nacional»
24 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.?a decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de levantar parte de las limitaciones a ACS para que pueda ejercer sus derechos políticos en la junta de accionistas de Iberdrola -de la que posee un 12,4% del capital- ha reavivado los rumores sobre una posible fusión de la eléctrica vasca con Unión Fenosa, dominada en un 40% por la constructora que dirige Florentino Pérez. La operación sería la última oportunidad para el Gobierno de Zapatero de lograr un campeón nacional , tras el fallido intento de Gas Natural, que acabó con Endesa en manos alemanas. No obstante, las limitaciones legales y la oposición del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que en las últimas semanas ha dado entrada a nuevos accionistas de referencia para frenar al ex presidente del Real Madrid, permiten augurar un tortuoso camino legal. ¿Qué supone la decisión adoptada por el regulador eléctrico? Los analistas no se ponen de acuerdo. La Comisión Nacional de la Energía accedió a que Florentino Pérez pueda ejercer sus derechos políticos, en contra de lo que determina la llamada Ley Rato del 2000. No obstante, estableció que ACS no podrá entrar en el consejo de administración ni influir en temas estratégicos que afecten a mercados en los que Iberdrola compite con Fenosa, como son presupuestos, planes de inversión, políticas de nombramientos o políticas comerciales. Sí podrá opinar en materias como operaciones corporativas o el nombramiento de consejeros independientes. Y, por tanto, podrá votar en contra de la operación de compra de Scottish Power, algo poco probable, según fuentes del sector. En la práctica, se podría hablar de una decisión salomónica, que no dista mucho de la que se tomó en su día con La Caixa respecto a Repsol. ¿Qué hará ACS tras la resolución de la CNE? Si decide renunciar a la fusión, lo lógico es que venda una de las dos compañías. Lo más fácil sería Iberdrola, de la que sólo tiene un 12,4%, pero el problema es que compró cato y ahora tiene minusvalías. Tampoco parece ahora que vaya a optar por vender Fenosa, pese al interés de franceses e italianos. De hecho, esta misma semana ACS ha anunciado la integración de la eléctrica por consolidación en el propio balance, lo que la convertirá en la tercera constructora del mundo. De momento, el principal accionista de la compañía, la Banca March, insiste en la fusión. Decir lo contrario, por otra parte, sería tirar piedras contra su propio tejado, puesto que iría en perjuicio de la cotización de Iberdrola. ¿Sería rentable la operación de fusión para Florentino Pérez? Desde un punto de vista estrictamente financiero, no. En Fenosa, con una inversión de 4.000 millones de euros, ACS se apunta el 100% de toda la cuenta de resultados. En cambio en Iberdrola, la consolidación se hace por puesta en equivalencia, lo que significa que con una inversión similar -3.700 millones- sólo se apunta el 10% del beneficio neto. Como la decisión de la Comisión nacional de la Energía le impide llegar al 50% del consejo de administración de Fenosa -requisito imprescindible para hacer la integración global-, si se juntasen las dos compañías ACS tendría en torno al 25% del beneficio de la eléctrica resultante, que es menos que el 100% de Fenosa que tiene actualmente. ¿Por qué se insiste entonces en la operación? La hipotética fusión se explica, pues, por un interés estratégico, político y de intentar conseguir una empresa más grande que compita en el mercado europeo con la bandera española. En este contexto, la decisión de la CNE se interpreta como un no a la fusión por parte del Gobierno, pero con la boca pequeña. El vicepresidente Solbes estaría en contra de la operación, pero no así el ministro de Industria, Joan Clos, y el propio presidente Zapatero, según explican fuentes del sector eléctrico. Ocurre que, si en el caso de Endesa se encontró con la radical oposición de la derecha española, en esta ocasión quien está en guardia es el nacionalismo vasco, que, tras la salida del BBVA del accionariado de la compañía eléctrica, se ha quedado únicamente con la BBK como socio institucional de referencia.