El salario de los 2,5 millones de empleados públicos subirá, al menos, un 3% el año que viene, según el convenio firmado en septiembre de 2006, entre el Ministerio de Administraciones Públicas y las organizaciones correspondientes de CC.OO., UGT y CSI-CSIF. Se trata de un acuerdo válido por tres años (2007, 2008 y 2009), alcanzado en la mesa general de negociación, en la que participan las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El incremento del 3% se desglosa en un 2% de carácter general. Coincide con el aumento de los precios recomendado por Bruselas, más un punto para acercar el importe de las pagas extraordinarias a la nómina mensual. El plus de destino llegó al cien por cien en diciembre del 2006, pero el específico todavía tendrá que esperar cierto tiempo. La equiparación de las retribuciones excepcionales se producirá en el 2009. El porcentaje del 3% será de carácter básico. Su aplicación repercutirá en los empleados públicos de las tres administraciones (central, autonómica y local). La subida definitiva quedará recogida en los Presupuestos del Estado del 2008, y, a este incremento, se sumarán más tarde otros aumentos añadidos, propios de cada comunidad y ayuntamiento. Mejor poder adquisitivo En el ámbito de la Administración General del Estado, que cuenta con cerca de 550.000 trabajadores, los interlocutores abordarán también la ampliación del fondo de pensiones, creado hace cinco años. El Gobierno baraja ofrecer, como en ejercicios anteriores, un 0,5% de la masa salarial. Además, estos empleados tendrán entre un 0,3% y un 0,4% para impulsar las retribuciones de los niveles profesionales más bajos. Desde el ministerio se resalta que la subida salarial media entre los trabajadores de la Administración central ha rondado cada año de la presente legislatura cerca del 3,8%. «Como consecuencia, los empleados públicos del Estado han recuperado poder adquisitivo en los últimos ejercicios», insistieron fuentes próximas a la negociación. Retos Entre los planes inmediatos del ministerio figuran asimismo otros proyectos distintos a las subidas salariales para el 2008. El Gobierno tiene que sacar adelante dos decretos derivados del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, vigente desde el pasado 14 de mayo. Una de las normas se referirá a cómo se ha de medir y evaluar el rendimiento de los trabajadores, y la otra, a definir y describir la función del directivo público. Ambos textos serán negociados con los sindicatos. Los empleados que apuesten por la jubilación anticipada tampoco tendrán que esperar mucho. El ex ministro del área, Jordi Sevilla, ha anunciado que este derecho se introducirá como enmienda al proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social (previa negociación con los representantes de los trabajadores) que está previsto que vea la luz antes de que acabe el 2007. Más compleja y dilatada será la aplicación de la jubilación parcial, recogida igualmente en el estatuto. No obstante, el principal reto que tienen las administraciones públicas es el exceso de temporalidad. Si bien en la general el empleo inestable se sitúa en torno al 7%, en algunas comunidades autónomas sobrepasa el 35%, y en ciertos ayuntamientos alcanza el 60%.