El Gobierno entierra la línea de crédito destinada a ayudar a los ayuntamientos morosos
ECONOMÍA
El cambio ha causado sorpresa y malestar en las corporaciones municipales
03 oct 2010 . Actualizado a las 02:10 h.El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sumó el pasado viernes otro tanto a su particular cuenta de retoques en política económica. Y los perjudicados son, de nuevo, los ayuntamientos. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2011 modifica a través de su disposición final decimoctava la Ley de Morosidad, aprobada por el Congreso de los Diputados en julio pasado, que comprometía al Ejecutivo a crear, en un plazo máximo de 30 días, una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar a las entidades locales el pago de sus deudas con empresas. Esta vía de financiación, que no fue instituida, ya no verá la luz.
La medida fue entonces muy bien recibida por los ayuntamientos por cuanto ya habían sufrido un recorte de las aportaciones que anualmente reciben del Estado y que se cifra en un 20%.
El cambio legal, denunciado por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, causó sorpresa en el seno de algunas corporaciones locales, que estaban a la espera de la implementación de la línea. El propio Ayuntamiento de Madrid denunció el pasado jueves a través de su vicealcalde, Manuel Cobo, el retraso en su puesta en marcha, que según el edil madrileño ponía en peligro el pago a proveedores e incluso trabajadores. Fuentes del PP aseguraron que su grupo parlamentario intentará restituir esta facilidad financiera durante la tramitación de los Presupuestos del Estado en el Congreso, y para ello buscarán el apoyo de los demás grupos de la oposición.
La línea de crédito ICO-morosidad para entes locales nunca fue del agrado del Ejecutivo. Fue introducida en la Ley de Morosidad mediante una disposición adicional en el Senado, gracias a una enmienda de CiU y del PP. La iniciativa fue ratificada después en el Congreso con la única oposición del grupo socialista. Su objetivo era dotar de liquidez a los ayuntamientos para que puedan pagar las deudas firmes contraídas antes del 30 de abril del 2010 con empresas y autónomos proveedores.
La desaparición vía ley de Presupuestos deja claro que la creación de esta línea no está en la agenda en este momento en el que la prioridad absoluta en materia económica es recortar el déficit en todas las Administraciones. La propia vicepresidenta segunda, Elena Salgado, cifró en «tres décimas» (del PIB) el impacto negativo que su creación podría tener sobre el ya considerable agujero de las cuentas públicas.? Salvo eventuales cambios durante la tramitación parlamentaria, la disposición final decimoctava del proyecto de Presupuestos entierra la línea de crédito para ayuntamientos morosos mediante la sustitución total del texto de la disposición adicional cuarta de la ley de morosidad.
Nueva redacción
La nueva redacción compromete al Instituto de Crédito Oficial a seguir «atendiendo las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y corporaciones locales conforme a los criterios de riesgo económico, financiero y presupuestario propios de su actividad como entidad de crédito, estableciendo las garantías necesarias para la cobertura de las operaciones que pudieran ser financiadas». Y añade que «las relaciones financieras entabladas entre el ICO y las citadas Administraciones públicas deberán ser coherentes con el proceso de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, conforme a los objetivos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011».