Pide al Gobierno «cambios legales» para invertir en infraestructuras
10 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El presidente de Endesa, Borja Prado, afirmó ayer durante la junta general de accionistas que la eléctrica «podría generar alrededor de 100.000 puestos de trabajo indirectamente, con algunas modificaciones legales que hiciera el Gobierno». Prado respondió así a la pregunta de un accionista sobre si la compañía -que en el 2010 volvió a batir su récord de resultados, pese a la crisis- estaba en situación de crear empleo.
«Hace pocas semanas tuve que afrontar esa misma pregunta desde el Gobierno y le responderé lo mismo que entonces», manifestó el presidente, que puso ejemplos de potenciales nichos de creación de puestos de trabajo «como el adelanto de las inversiones en infraestructuras de distribución de electricidad, donde nosotros, si estuviese remunerado y legalmente reconocido, estaríamos dispuestos a invertir, y creemos que sería muy necesario».
El despliegue de las infraestructuras del vehículo eléctrico es otra alternativa que, según Prado, permitiría reducir en algo las cifras del paro «si se hicieran modificaciones que adelantasen el proceso». Tanto el presidente como el consejero delegado, Andrea Brentan, se refirieron a la instalación de los telecontadores. «Somos los líderes indiscutibles en ello, y estamos generando alrededor de 2.000 puestos de trabajo anuales», dijo Prado, para concluir señalando las diversas inversiones que Endesa está haciendo.
Acompañado durante la junta por el consejero delegado y el vicepresidente de la compañía, Fluvio Conti, hizo un llamamiento: «A quienes nos gobiernan, les pido constancia en las reformas que han emprendido», al tiempo que reclamó también «un amplio acuerdo» para el sector energético, avanzar en la liberalización de los precios -como forma de acabar con el déficit tarifario y garantizar la sostenibilidad futura- y dejar únicamente para casos excepcionales las tarifas reguladas.
Subida de tarifas
Por su parte, Brentan, al término de la junta, confirmó que sería necesario subir un 10 o un 15% en «uno o dos años» la parte regulada de la tarifa eléctrica (las conocidas como de acceso o peaje, que fija el Ejecutivo) para poner fin al déficit acumulado, que recordó que se sitúa actualmente en 19.000 millones de euros, de los que 9.186 le corresponden a Endesa.
Será en junio cuando el Gobierno tendrá que revisar de nuevo, como ya hizo en enero (con un alza de casi el 10%) y abril, la tarifa de último recurso, que afecta a 20 millones de consumidores.