La pesca europea movería 2,7 billones si los caladeros estuviesen en buen estado

Demasiado rígida en plazos y sobreactuada en cuanto a objetivos. Los ministros de Pesca de los Veintisiete exigieron ayer a la comisaria europea del ramo, la griega Maria Damanaki, que suavice la propuesta que presentó el miércoles pasado para reformar la política común de pesca (PCP) y sentar las bases que guiarán la denominada Europa Azul a partir del 2013. Están de acuerdo con esa sostenibilidad que persigue para la pesca, pero sugieren que, tal y como la plantea, más inclinada hacia el lado medioambiental, podría provocar un grave impacto económico y social sobre el sector.

«Compartimos que la reforma tiene que tener una seña de identidad: que es la sostenibilidad, pero entendida desde el punto de vista social, económico y medioambiental, y ha de guardar un equilibrio entre esos tres elementos, que han de mirarse en pie de igualdad», aseguró la ministra de Medio Marino, Rosa Aguilar, al término de la cumbre de ministros.

Malestar

Quizá porque ya le habían llegado ecos del malestar que había generado su propuesta, lo cierto es que Maria Damanaki se mostró ayer abierta a estudiar todas las propuestas que presenten los Estados miembros para corregir un documento que constituye «una buena base para empezar a trabajar».

Ahora bien, la comisaria griega se sigue guiando por el mantra de una sostenibilidad que debe devolver los peces a los caladeros. Y es que, según expuso en la reunión de los responsables pesqueros de los Veintisiete, si los stocks estuviesen en buen estado -y no sobreexplotados en un 75 %, como sostiene-, el sector pesquero podría generar un negocio de más de 2,7 billones de euros.

A decir de la conselleira de Pesca, Rosa Quintana, la comisaria no fue tan inflexible como en anteriores reuniones y se mostró próxima a algunas de las cuestiones que España y Galicia consideran esenciales para garantizar que la reforma no desmiembre su sector pesquero. Así, según Quintana, Damanaki se mostró más abierta a postergar el objetivo de alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) -que haya en el mar ejemplares suficientes para garantizar la regeneración del stock- en todas las pesquerías de la UE. «Parece que é xa máis proclive en retrasar esa meta ao 2020», una demanda para la que España obtuvo el apoyo de Polonia y Malta.

Pero sí hay una opinión casi unánime de los Veintisiete: Damanaki ha puesto el listón demasiado alto, especialmente en algunos de los puntos más controvertidos de su propuesta, alrededor de los cuales ya se han formado bandos de países a favor y en contra. En general, ha sido bien acogida en el Reino Unido, Dinamarca y Suecia, donde incluso se piensa que la reforma podría haber ido «más lejos», mientras que otros Estados, con los princiapales productores (España y Francia) a la cabeza, consideran que va de masiado lejos.

Derechos y descartes

Entre los aspectos más polémicos figura permitir la compraventa de derechos pesqueros entre empresas, una posibilidad a la que se opone España, que desea que las transferencia se admitan no solo dentro de un mismo país, sino entre armadores de distintos Estados. Alemania e Irlanda tampoco parecen muy partidarios, mientras que Dinamarca, con apoyo de Estonia, aprueba esa opción. Tampoco satisface a España y a Francia (aunque sí al Reino Unido) la prohibición de los descartes a partir del 2016.

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