Los dos rescates para Grecia (el primero mediante préstamos bilaterales de sus socios europeos y el segundo a través de créditos de la UE, el FMI y el BCE) ascienden a cerca de 250.000 millones de euros. Esa cantidad representa casi el 70 % del monto total de la deuda helena (sin contar los intereses) antes de la quita acordada con los acreedores privados, que ha supuesto, además, una rebaja cercana a los 107.000 millones.
A pesar de esa colosal inyección de dinero, lejos de suponer un alivio, las duras condiciones de los planes de ayuda a las que está sujeto ese desembolso han supuesto para los griegos una depauperación galopante de sus condiciones de vida.
La coalición de socialdemócratas, conservadores y ultranacionalistas que sostiene al tecnócrata Lucas Papademos al frente del Gobierno ha rebajado salarios, subsidios y pensiones, ha recortado drásticamente la inversión pública y el gasto en educación, sanidad y servicios sociales, ha subido todos los impuestos y ha puesto en marcha un plan para despedir al 30 % de los funcionarios y trabajadores de empresas públicas (entre este año y el que viene caerán unos 30.000 empleados).
Los efectos de ese ajuste sobre una economía tan frágil como la helena han sido dramáticos, y han dejado al país al borde del estallido social, con buena parte de la clase media temiendo que el crac la haga caer en un empobrecimiento rayano en la miseria. El país lleva en recesión desde el año 2008, cuando se destapó el delirante engaño que mantuvo la clase política sobre sus cuentas públicas, y, según las previsiones más optimistas, no saldrá de ella hasta el 2013.