Los jueces decanos respaldan el informe que desestimó el CGPJ
08 nov 2012 . Actualizado a las 15:13 h.Tras dos horas de reunión en la Moncloa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano, acordaron ayer abordar una reforma legal urgente para frenar los desahucios. No concretaron las normas que se modificarán ni el plazo en el que dicha reforma, ya sea vía real decreto o vía proyecto de ley, podría entrar en vigor. Antes del encuentro con Santamaría, Valenciano había señalado que el PSOE querría tener cerrados los cambios legales en «no más allá de un mes».
El objetivo es diseñar tanto medidas «preventivas como paliativas», prestando una especial atención a las familias con niños o mayores y a las situaciones de especial vulnerabilidad. Este primer contacto de Gobierno y PSOE proseguirá el próximo lunes con una reunión de seis expertos (tres por cada parte), encargados de desarrollar la parte técnica del acuerdo político alcanzado.
Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano serán las encargadas de seguir el curso del trabajo que realicen los expertos designados por ambas partes.
También ayer, Mariano Rajoy recibió al coordinador federal de IU, Cayo Lara, quien reclamó abrir el grupo de trabajo a todas las formaciones políticas y a las plataformas de afectados, «porque son las que están dando la cara».
Por otra parte, las conclusiones del congreso de jueces decanos, reunidos en Barcelona, dieron ayer un nuevo impulso al debate social en torno a los desahucios. Los jueces expresaron su apoyo «incondicional» al informe que un grupo de magistrados remitieron hace dos semanas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que una parte del plenario se negó a debatir.
Los 46 decanos de toda España, que representan a cerca de 2.000 togados, abren sus conclusiones con críticas al CGPJ por haber desdeñado el informe que elaboraron siete jueces con medidas para hacer frente a los desahucios [ver columna de la derecha]. Reclaman una reforma de la ley que conceda a los jueces atribuciones para «suavizar» las ejecuciones hipotecarias. «No queremos ser meros cobradores del frac», señaló el decano de Bilbao, Alfonso González-Guija.
Petición de datos
Además, en una comisión en el Congreso, el Banco de España se comprometió ayer a solicitar información detallada a la banca sobre los desahucios, y después a trasladarla tanto al Gobierno como al Parlamento. Asimismo, el Ejecutivo se ha dirigido a las patronales de los bancos (AEB) y las cajas de ahorros (CECA) para solicitar datos precisos sobre los desahucios.