Los ganaderos han arrancado esta madrugada una huelga de entregas con el objetivo de conseguir unos precios dignos para la materia prima que producen
26 nov 2012 . Actualizado a las 12:30 h.Ocho de cada diez ganaderías dependen del aporte económico de los pensionistas, en la mayoría de los casos ascendientes de los titulares de la granja, y de las subvenciones públicas para seguir en activo. Se calcula que en más de la mitad de las 11.000 explotaciones lácteas gallegas se registran ingresos provenientes de las pensiones de jubilación de sus antiguos titulares o bien de otros familiares que conviven con el actual propietario. Mientras que, en la práctica totalidad de ellas, el dinero procedente de la PAC (política agraria común) representa el único ingreso neto que obtienen por su actividad.
El estudio elaborado por la Organización de Productores Lácteos (OPL) cifra el impacto económico de las pensiones sobre la economía de las granjas en algo más de 6.600 euros anuales. «Non deixa de resultar triste que despois do moito que temos traballado e investido para vivir do noso traballo, moitos gandeiros dependamos da pensión dos nosos maiores para poder seguir», apunta José Agra, responsable en Galicia de OPL.
Más representativo todavía para la cuenta de resultados de las granjas es el dinero procedente de Bruselas por el llamado pago único. Concepto este que aglutina antiguas líneas de ayuda como la siembra de cereales, el engorde y sacrificio de terneros o el importe que reciben por cada kilo de cuota láctea asignada. Para una explotación gallega media, con una cuota asignada inferior a las 200 toneladas anuales y diez hectáreas de superficie, supone unos ingresos ligeramente superiores a los 7.400 euros.
En este sentido se observan con profunda preocupación las negociaciones de renovación de la actual PAC por cuanto pueden suponer un severo recorte económico para las explotaciones gallegas.
Protesta a partir de mañana
Desde esta misma madrugada los ganaderos gallegos comienzan una huelga de entregas que, en teoría, dejará sin materia prima a la industria transformadora hasta que se establezca una mesa de diálogo que garantice unos precios dignos para la materia prima que producen. Esta actuación es apoyada por distintas asociaciones de productores, los tres sindicatos agrarios mayoritarios y cooperativas y empresas vinculadas al sector agroganadero.