Acusan a la aerolínea de aplicarles condiciones peores a las de la reforma laboral, mientras la empresa acuerda un ERE con el resto de la plantilla
03 abr 2013 . Actualizado a las 22:31 h.El norte pacificado, el sur en tensión prebélica. Cual si de un país se tratara, la situación en Iberia presenta dos caras bien distintas tras la firma el 14 de marzo por la aerolínea y la mayoría de los sindicatos del pacto que ponía fin a las últimas huelgas. Aquel acuerdo no fue suscrito por los pilotos y de aquellos barros vienen ahora estos lodos, porque dicho colectivo denuncia que la empresa pretende aplicarles un expediente de regulación de empleo (ERE) on una indemnización por despido de apenas 16 días (15,7) por año trabajado, cuatro menos de los que contempla la propia reforma laboral y menos de la mitad (35) de los que recibirán el resto de salidas.
Los 1.500 pilotos que tiene la compañía (el 7% de la plantilla) se desmarcaron del pacto propuesto por el mediador Gregorio Tudela, que incluía el despido de 258 de ellos dentro del plan global de ahorro de costes, por entender que no ofrecía «garantías suficientes» sobre el futuro de Iberia. Tampoco estaban de acuerdo con que recogiera condiciones distintas para ellos que para otros colectivos, por ejemplo, que en su caso los mayores de 60 años tengan que acogerse de manera forzosa al ERE, o que su ajuste salarial (y el de los tripulantes) duplique al de los trabajadores de tierra (un -14% frente a un -7%) sin tener cuenta otros recortes anteriores.
Tampoco les convencen los incrementos que la empresa pretende introducir tanto en el número de días de ocupación como, sobre todo, en el límite de horas de vuelo, así como la reducción que persigue para los tiempos de escala. Y es que en todos estos ámbitos, incluso en el de los despidos, las condiciones que recogía el laudo arbitral que cerró el 24 de mayo de 2012 -parece que en falso, a la vista de los desencuentros sucedidos después- su último conflicto con la dirección de Iberia. De hecho, la empresa lo tiene recurrido ante la Sala de lo Social de lo Tribunal Supremo, aunque el sindicato de pilotos (Sepl) sostiene que se encuentra en vigor mientras la justicia no resuelva su anulación.
La aerolínea, no obstante, insiste en que solo aplicará el acuerdo general de hace un mes que, según el mediador, también sería de obligado cumplimiento para los pilotos pese a no firmarlo. El Sepla rebate esta afirmación, hasta el punto de que recurrirá ante los tribunales cualquier intento de la cúpula de Iberia por someterles al mismo -por ejemplo, la rebaja salarial que se les aplicará ya este mismo mes-. De hecho, ayer decidieron por unanimidad en asamblea la «judicialización de sus relaciones laborales», es decir, recurrir ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional cualquier decisión de la empresa que estimen «lesiva» para sus intereses.
Nuevo ejecutivo
Los acontecimientos se podrían precipitar si mañana -cuando se conozcan los resultados de la votación de los pilotos sobre el citado acuerdo- se confirma la negativa de la mayoría del colectivo a los términos del mediador, como ayer les pidió el dirigente del Sepla Justo Peral.
De momento, desde el sindicato mantienen abiertas las negociaciones técnicas con la aerolínea -sobre cuestiones como la productividad-, pero entienden que debería ser el nuevo consejero delegado, Luis Gallego -un especialista en bajo coste (Vueling e Iberia Express) que sustituye desde el lunes al controvertido Rafael Sánchez-Lozano-, quien les convoque a una reunión para buscar alguna solución, algo que según fuentes cercana a la compañía se antoja «altamente improbable» por ahora.
Mientras tanto, los sindicatos mayoritarios entre los tripulantes de cabina y los trabajadores de tierra (CC.OO., UGT, SITCPLA, ASETMA, USO y CTA-Vuelo, que representan al 93% de la plantilla) suscribieron ayer con los responsables de la empresa un acuerdo para prorrogar hasta finales de 2015 el plazo de aplicación del ventajoso ERE ya vigente en Iberia desde 2001, como recoge el pacto de mediación de mediados de marzo.
Se establece un cupo anual de despidos -en total, se verán afectados 2.282 empleados de esos dos colectivos, de los cuales se prevé que el 80% salgan este mismo año- «susceptible de revisión entre las partes», así como un calendario de salidas que se irá fijando «en función de las necesidades de producción».
En principio, la inclusión en el ERE es voluntaria, si bien empresa y sindicatos han pactado que de no llegar al mínimo establecido se convierta en forzosa hasta alcanzar la suma necesaria. En cualquier caso, se mantiene el objetivo «estructural» de que la plantilla de tripulantes de cabina alcance los 3.000 efectivos, frente a 10.000 trabajadores de tierra.
A su vez, ambos colectivos han de alcanzar un acuerdo sobre productividad con Iberia antes de mediados de abril -también los pilotos-, si quieren evitar una rebaja salarial adicional del 4%.