
Thatcher inició la desregulación financiera que condujo a la crisis del 2008. Muchas de las políticas de la Dama de Hierro son utilizadas en Europa para combatir la recesión actual. El peso del sector público en la economía británica cayó siete puntos en diez años
14 abr 2013 . Actualizado a las 13:35 h.Margaret Thatcher ha muerto, pero el thatcherismo goza de buena salud. Su vigencia es plena, al menos en el cuartel general de la Unión Europea. Vive en forma de paradoja: sus prescripciones condujeron al gran batacazo del 2008 y, sin embargo, esas mismas recetas conforman el vademécum al que recurre Bruselas para superar la actual recesión. Un contrasentido advertido por Andrew Gamble, profesor de la Universidad de Cambridge y experto en economía política, quien ha definido sin ambages los dos términos de la ecuación. «Thatcher fundó el modelo financiero que nos ha llevado a la crisis», dijo en una reciente entrevista, para añadir a continuación: «La respuesta a la crisis ha sido también thatcherista en muchos países que han promovido un Estado aún más débil y un mercado aún más fuerte». Es decir, no solo ponemos al zorro a cuidar de las gallinas, sino que olvidamos irresponsablemente sus antecedentes: ¡se trata del mismo raposo que nos acaba de destrozar el gallinero!
El ideario de Thatcher
Margaret Thatcher accedió al número 10 de Downing Street, residencia del primer ministro británico, en el ecuador de la llamada crisis del petróleo. La tormenta, que echaba el cierre a más de veinte años de estabilidad y crecimiento, se había desatado en 1973 y se prolongaría hasta mediados de la década siguiente. Era una más de las crisis cíclicas del capitalismo, pero esta vez con rasgos específicos. Detonada por el desorden financiero internacional -abandono del patrón oro- y por el brutal incremento de los costes de producción -multiplicación del precio del crudo-, la crisis del 73 convocaba, al alimón, a los dos males más perniciosos de la economía: inflación y desempleo. La temible estanflación.
A Margaret Thatcher le tocó lidiar ese mihura de dos cabezas. Poco antes de llegar al Gobierno, la inflación en Gran Bretaña había superado el 26 % anual y el paro crecía sin cesar. En 1985, con la revolución conservadora ya en su punto álgido, más de tres millones de británicos no tenían empleo.
Se precisaba mano férrea para enderezar la situación y la Dama de Hierro la tenía. Se precisaba también un nuevo manual de instrucciones, porque la teoría keynesiana, fuente de inspiración en las dos décadas largas que siguieron a la segunda guerra mundial, no tenía respuesta para la combinación letal de caída de la producción y precios disparados. Keynes había embarrancado en la escollera de la estanflación. Y Margaret Thatcher encontró la guía para afrontar la situación en Hayek y, sobre todo, en Milton Friedman, cuyas armas habían sido probadas por los chicago-boys -con notable éxito, se decía por entonces- en el Chile de Pinochet. La ofensiva neoliberal, secundada al otro lado del Atlántico por el presidente Ronald Reagan, se ponía en marcha. Bajo dos principios: Estado mínimo, mercado máximo.
Margaret Thatcher gobernó durante once años: desde 1979 hasta 1990. Andrew Gamble, uno de sus colaboradores más próximos, ministro de Hacienda desde 1983, sintetizó en un libro -Memorias de un tory radical- el ideario thatcherista: «Mercados libres, disciplina financiera, firme control del gasto público, recortes a los impuestos, nacionalismo, valores victorianos (de la variedad de autoayuda de Samuel Smiles), privatización y una pizca de populismo». Principios que, bajo diversas modulaciones y barnices, fueron heredados por el llamado consenso de Washington -FMI, OCDE, Tesoro norteamericano- y volaron, en alas de la globalización, por todos los rincones del planeta. Hasta su estallido devastador en el 2008.
El Big Bang
La explosión inicial -el Big Bang- se produjo el 27 de octubre de 1986, con la repentina desregulación del mercado financiero de Londres. La City abría sus compuertas, sin cortapisas ni trabas, a las transacciones financieras internacionales. Acciones, bonos, divisas o papel comercial de las grandes corporaciones: todo podía ser negociado en el mercado londinense. O desviado, si fuera el caso, hacia los paraísos fiscales que giraban en su órbita. Inversores y empresas globales fluyeron en aluvión hacia la capital británica. Las comisiones fijas fueron abolidas. La otrora conservadora bolsa inglesa adoptó inmediatamente las innovadoras tecnologías de la información: la compraventa de acciones a viva voz fue sustituida por el intercambio electrónico.
El éxito fue inmediato. Londres se erigió en capital financiera del mundo. Se adelantó a Wall Street, aún constreñido por la ley Glass-Steagall que separaba la banca comercial de la banca de inversión, como foco primigenio de irradiación de la globalización financiera. En 1990, cuando cae Thatcher, «el valor de las acciones de empresas globales en la bolsa de Londres ya traspasaba el billón de libras esterlinas», señala el historiador Carlos Marichal.
Allí comenzó todo. Allí se engendró uno de los tumores que desembocó en la metástasis del 2008. Eso que los expertos denominan con un palabro: la financiarización de la economía. La hipertrofia y degeneración del sistema financiero. Entre las estrellas creadas por aquel Big Bang hay una que establece un simbólico nexo entre la decisión de Thatcher y lo que sucedió veintidós años después: la de Dick Fuld. Este ejecutivo, a quien unos apodaban el Gorila y otros «el operador de la mente digitalizada», porque solo se expresaba con monosílabos, utilizó la forja de la City para transformar Lehman Brothers de casa de bonos en gran banco de inversión. Su logro fue recompensado: en el 2007 ganó, como comandante de esa compañía, 71,9 millones de dólares. Un año después, en septiembre, se hundió el barco y toda la tripulación. Y aún estamos pagando las catastróficas consecuencias del naufragio.
Menos Estado
Achicar el Estado y reducir el gasto público: esa era la tarea complementaria del thatcherismo. El sector público había adquirido una notable dimensión para corregir los fallos del mercado, especialmente el reparto poco equitativo de la renta. El llamado Estado del bienestar respondía, de hecho, a un pacto implícito para dirimir la cuestión social: el capital acota la maximización del beneficio y el trabajo renuncia a la revolución. Economía social de mercado, en lenguaje moderno. Pero con la crisis de los años setenta, el péndulo oscila. Ahora se pone el énfasis en los fallos del sector público. El Estado es ineficiente. Todo el poder para el mercado.
La Dama de Hierro puso todo su empeño en la tarea. En 1978, cuando alcanzó el poder, las industrias consideradas estratégicas estaban en manos públicas: electricidad, ferrocarriles, gas, acero, automoción, teléfonos y telégrafos... A finales de los años ochenta, casi todas se habían privatizado: British Aerospace, Cable & Wireless, British Telecom, Britoil, British Gas, Jaguar, British Airways, British Petroleum, Rolls Royce, British Steel...
En pleno Big Bang, el Gobierno alardeaba de que millón y medio de ciudadanos británicos habían adquirido acciones de British Gas puestas a la venta. Nacía así el «capitalismo popular», exitosa etiqueta diseñada por los exégetas de Thatcher. Las privatizaciones alcanzaron a las viviendas sociales, incrementando el porcentaje de británicos con pisos en propiedad y provocando, con dos decenios de retraso, el mea culpa del líder laborista Ed Miliband: «Estuvo bien dejar a la gente comprar su propia casa».
Austeridad pública
El desmantelamiento del sector público contribuyó a corregir la cojera de las cuentas públicas. Al igual que los drásticos recortes del gasto público: en el año 1980 representaba el 47,8 % del PIB británico y en 1990 su peso se había reducido al 40,8 %. El tajo fue tremendo: casi siete puntos menos en un decenio. La industria o servicios esenciales como la educación y la vivienda sufrieron las mordidas del bisturí. Al menos, a diferencia de lo que hacía su colega Reagan, embarcado en su alocada Guerra de las Galaxias, el gasto militar británico también fue aminorado durante la «revolución conservadora».
La austeridad pública del thatcherismo, combinada con una subida de los tipos de interés dirigida a frenar el crecimiento de la oferta monetaria, logró amansar el caballo desbocado de la inflación: del 18 % registrado cuando la Dama de Hierro llegó al poder, al 8,6 % tres años después. El látigo doblegaba a uno de los demonios de la estanflación, pero estimulaba al otro: el desempleo se disparaba a cotas históricas.
Margaret Thatcher heredó una tasa de paro ligeramente superior al 5 % de la población activa. Cuatro años después se había duplicado y en el bienio 1985-86 alcanzó su nivel máximo: más de tres millones de trabajadores, el 11,2 % de la fuerza laboral, buscaba empleo infructuosamente. El paro solo comenzó a disminuir cuando ya los países occidentales, el Reino Unido entre ellos, enfilaban la salida del túnel que había comenzado en 1973.
El thatcherismo provocó, al mismo tiempo, un fuerte crecimiento de las desigualdades sociales. El número de personas sin hogar creció exponencialmente. Paul Krugman, después de examinar varios estudios al respecto, y aunque carga las tintas sobre Ronald Reagan, concluye que «Estados Unidos y, en menor medida, Gran Bretaña destacan como países en los que la desigualdad experimentó un notorio incremento, en tanto que en otros países avanzados ese incremento fue menor o no llegó siquiera a producirse». Neil Kinnock, por aquel entonces jefe de la oposición laborista, iba más allá y definía a su país como «el archipiélago de la pobreza». Ya en nuestros días, Andrew Gamble advierte que Margaret Thatcher «dejó tras de ella una estela de división y de desigualdad creciente». Tal fue el resultado de los tijeretazos aplicados al gasto público. Y de la regresividad aplicada al sistema tributario.
Impuestos regresivos
A finales de marzo de 1990, cientos de miles de británicos se lanzaron a la calle para protestar contra un nuevo impuesto. Meses antes había dimitido el ministro de Hacienda, Nigel Lawson, en disconformidad con el mismo tributo. El impuesto, conocido popularmente como la poll tax, lo debían pagar los adultos para financiar servicios locales como la limpieza o recogida de basuras. En cada ciudad era idéntico para todos, independientemente del nivel de ingresos o del valor de la propiedad. Pagarían lo mismo el multimillonario o la sirvienta. Fue la gota que colmó el vaso y que provocó la caída de la señora Thatcher.
La poll tax no era más que el frustrado colofón de una serie de reformas fiscales de marcado carácter regresivo. La Dama de Hierro rebajó los impuestos, pero, sobre todo, desplazó su carga hacia la espalda de las clases medias y bajas. Redujo drásticamente los impuestos directos sobre la renta y subió los indirectos sobre el consumo, mermando así la progresividad del sistema.
En conjunto, la presión fiscal disminuyó. Los ingresos tributarios, que en 1980 alcanzaban el 42,5 del PIB británico, pasaron al 39 % una década después. Si la caída de la recaudación no fue mayor se debe a las crecientes rentas que el petróleo del Mar del Norte proporcionaba al erario público. Esas rentas compensaron, en buena medida, el declive de la industria británica, un aspecto que suele minimizarse al realizar balance de la década.
Un credo vigente
La influencia de Margaret Thatcher se extendió más allá de su país y más allá de su época. Su credo, empezando por la austeridad compulsiva y la cicatería monetaria impuestas por Berlín, continúa vigente. En cierta medida parece que la Dama de Hierro se haya reencarnado en la Canciller de Bronce.
Mientras el helicóptero de Bernanke se afana en regar con dólares la economía estadounidense y el Banco de Japón se decide a echar paletadas de yenes en sus calderas productivas, Europa persiste, contumaz, en las dietas adelgazantes que hace más de dos décadas se ensayaron en Londres. Y con un ojo puesto en el termómetro de los precios. No se entiende ese fervor. Incluso los herederos del legado thatcherista deberían reconocer que la crisis de los años setenta no tiene el mismo diagnóstico que la Gran Recesión. Esta vez, para empezar, no hay un problema de inflación, ni siquiera con los tipos de interés rozando el cero. ¿Cómo se puede, por tanto, aplicar el mismo remedio a dos enfermedades tan diferentes?
Elogio y autocrítica
Ed Miliband, el líder del Partido Laborista, hizo en el 2011 el elogio de las políticas de Margaret Thatcher, la mano de hierro que doblegó a los poderosos sindicatos británicos: «Algunas cosas que pasaron en la década de 1980 estuvieron bien. Estuvo bien dejar a la gente comprar su propia casa. Estuvo bien recortar los impuestos en un 60 %, 70 % y 80 %. Y estuvo bien cambiar las reglas en las tiendas cerradas y en las huelgas antes de las elecciones. Esos cambios estuvieron bien, y nosotros estuvimos mal en oponernos a ellas en ese tiempo».
La cita habla por sí sola. La socialdemocracia, incapaz de articular un discurso alternativo al del neoliberalismo rampante, ha claudicado. Fascinada por los cantos de sirena de los mercados libres de ataduras y por la globalización sin fronteras, reniega de pasadas veleidades socializantes y de regulaciones que impiden «una correcta y eficiente asignación de recursos». Docenas de textos programáticos y cientos de declaraciones -desde la «tercera vía» de Tony Blair hasta la máxima de que «bajar los impuestos es de izquierdas», que dijo un dirigente español- certifican la rendición. Se comprende así que los ciudadanos sean incapaces de apreciar diferencias sustanciales entre las diversas propuestas económicas. «Todas son iguales», resumen.