La patronal propone que quienes sean despedidos con indemnizaciones de más de 80.000 euros no tengan paro
26 jun 2013 . Actualizado a las 01:53 h.John Fitzgerald Kennedy popularizó una máxima según la cual una crisis es una oportunidad. La que vivimos desde hace casi seis años está resultando ser una oportunidad para recortar y volver a recortar, unas veces gastos poco eficientes, y otras -muchas-, prestaciones sociales.
Mientras sigue viva la polémica azuzada por el ministro de Educación sobre si un estudiante que tenga menos de 6,5 debe recibir una beca o no, el presidente de los empresarios ha decidido abrir otro debate, esta vez referido al cobro del paro. En opinión del líder de la CEOE, Juan Rosell, una persona que haya sido despedida y le haya correspondido una indemnización superior, por ejemplo, a 80.000 o 100.000 euros no debería tener derecho a percibir una prestación por desempleo o, al menos, que tenga que hacer frente a una retención fiscal.
La ley del IRPF considera exentas las compensaciones que no excedan de lo que marca la norma: en el caso de un despido objetivo son 20 días por año; y en el improcedente, 45 o 33 días, según el contrato, y con el límite de mensualidades que corresponda. Todo lo que exceda de ahí, sí paga impuestos.
Dos ingresos
Durante la presentación de su libro Reformas o declive, Rosell señaló, en una «reflexión personal», que «las bonificaciones en el IRPF [que cuantificó en 300 millones de euros al año] deberían desaparecer y que quien haya recibido una indemnización importante no debería tener el subsidio de paro. No se pueden tener dos ingresos por un mismo hecho».
Fórmulas alternativas
No obstante, el presidente de la CEOE reconoció que la prestación por desempleo es un derecho de los trabajadores que previamente han cotizado por él, pero defendió que se busquen fórmulas alternativas para evitar gasto al Estado cuando las indemnizaciones sean altas.
No es ese el único ajuste que desde la patronal se planteó ayer. El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, compareció en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que debate la reforma de las pensiones y abogó por adelantar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años ?prevista para el 2027? y aumentar los años cotizados que se usan para calcular la pensión.
Toda la vida laboral
La patronal defiende que el importe de la prestación se calcule sobre toda la vida laboral. Aumentar los años para determinar la cuantía de la pensión suele suponer una rebaja de la misma porque en los primeros años de la vida laboral se suelen tener los sueldos más bajos y se cotiza menos. En concreto, la ampliación de 15 a 25 años que se aprobó en la ley del 2011 ?y que entró en vigor en enero de este año? supone una rebaja de la pensión media del 3,5 %. Esta medida solo beneficia a quien pasa los últimos años de su vida laboral en el paro porque pueden incorporar sueldos de sus años en activo.
Lacasa insistió en que la crisis ha impactado de forma «muy preocupante en las cuentas de la Seguridad Social» y en que hay una necesidad «imperiosa» de actuar fundamentalmente en el lado del «gasto en su conjunto» y no solo el de las pensiones.