Inspectores del Banco de España denuncian que los directivos de la CAM inflaron las cuentas para ocultar su quiebra
ECONOMÍA
La delicada situación financiera llevó a su rescate forzoso en julio del 2011 con 5.200 millones de euros, una factura con cargo al erario público que con los años fue engordando hasta superar los 15.000 millones
03 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Inflar los resultados para ocultar las pérdidas. Eso es lo que, según el Banco de España, hicieron algunos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para ocultar su más que delicada situación financiera, que llevó a su rescate forzoso en julio del 2011 con 5.200 millones de euros, una factura con cargo al erario público que con los años fue engordando hasta superar los 15.000 millones.
Un inspector del regulador testificó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que dos exdirectivos de la caja participaron en distintas actuaciones irregulares tendentes a «maquillar» las cuentas. Y entre esas operaciones destacaron las titulizaciones de créditos morosos por terceros, donde al parecer los ingresos se engordaron sobremanera.
Desde el Banco de España sostienen que la CAM empleó esa estrategia para liberar provisiones que dedicaba a préstamos fallidos o con alto riesgo. Con ello, a su vez, pudo inflar las cuentas y presentar una situación casi saneada. La clave en este caso radica en la formulación de los resultados del 2010, donde se ocultó un agujero multimillonario.
Posicionarse para una fusión
Esos números fueron alterados para mejorar su apariencia ante la integración de la caja en el sistema institucional de protección (SIP) que firmó con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura para la creación del llamado Banco Base. Una fusión fría que fracasó en marzo del 2011 tras comprobar sus socios la situación casi ruinosa de la CAM.
De aquellos barros vinieron estos lodos, en forma de sendas denuncias interpuestas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que aportó el grueso de esas ayudas públicas y fue administrador de la entidad y de la Fundación CAM, heredera de su actividad cajista, con la que no se quedó el Sabadell tras su compra hace dos años. A raíz de ello se inició una instrucción en la Audiencia Nacional que ha culminado en hasta tres causas conexas. En la principal están imputados quienes fueron sus responsables en esa polémica época: el expresidente Modesto Crespo, los ex directores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, y también el exdirector de recursos Vicente Soriano.
También figura en esa lista el exdirector de planificación de la caja, Teófilo Sogorb, así como el antiguo director general de inversiones y riesgos, Francisco Martínez García, y el ex director general de liquidez y financiaciones propias, Juan Luis Sabater. Los dos últimos declararon ayer que se limitaron a firmar distintos informes y autorizaciones de operaciones, aunque negaron tener constancia de irregularidades