La defensa de Gadisa dice que el FROB sabía antes de vender que el ajuste era de 1.600 millones
ECONOMÍA
Sostiene que si el agujero en Novagalicia Banco era tan evidente, el Fondo tendría que haberlo cubierto previamente
15 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.En el juicio que se celebró ayer en A Coruña por la demanda de Gadisa contra el FROB y NCG volvió a respirarse tensión. La compañía gallega desembolsó 10 millones para entrar en el capital del banco, formando parte así del grupo de inversores gallegos que vieron como se esfumaron los 70 millones que pagaron a través de un cheque al fondo de rescate. «La inversión estaba perdida desde el mismo momento en que se realizó y eso, lamentablemente, el FROB y el banco, lo sabían», declaró Daniel Jiménez, abogado de los empresarios. Defendió que los responsables del FROB y del banco ocultaron datos relevantes como que había que realizar un ajuste con efecto retroactivo de 1.600 millones -una cantidad que luego se reduce por la aplicación de créditos fiscales- y que suponía una aportación de capital de casi mil.
Para el FROB este ajuste era «tan evidente», en palabras de Adela Álvarez, la abogada que lo defiende, que se deduce del valor de 181 millones dado a la entidad, cuando su valor en libros alcanzaba los 1.775 millones. A ese argumento, el abogado de Gadisa le respondió preguntando por qué el FROB no tapó el agujero si este era tan evidente.
Daniel Jiménez se remitió a un acta del comité ejecutivo del 11 de enero en la que el consejero delegado cuantifica ese saneamiento por primera vez. Al día siguiente los inversores gallegos entran en el capital del banco, sin conocer que había ese agujero. En sus conclusiones, Adela Álvarez recalcó que el presidente del grupo Gadisa, Roberto Tojeiro, tenía que conocer el ajuste contable desde el 15 de diciembre del 2011, y aún así realizó la compra el 12 de enero, según las actas de un consejo. La abogada del Estado omitió, sin embargo, que en su declaración del día anterior, el empresario había reconocido que era conocedor de la posibilidad de un ajuste, pero no de tal magnitud. En ese caso, dijo, habría instado al vendedor a que lo pusiera en conocimiento de los compradores. También llamó la atención que la abogada del Estado intentase restar importancia a que la entidad se hubiese quedado con una ratio de capital del 8,2% tras el ajuste en el asiento de fusión con efecto retroactivo. Resaltó que el banco no dejaba de ser viable por ello. De hecho, en la normativa, esta situación se abordaba en «tres líneas», subrayó. En esas tres líneas se decía, entre otras cosas, que la entidad no podía pagar a los preferentistas.